La operación acumula cuestionamientos judiciales y contables, pero hay algo más detrás del consorcio que se quedará con la empresa de agua potable: Filiberti, los Neuss y US$ 30 millones que no aparecen.

La privatización de AySA se da entre fuertes cuestionamientos de todo tipo: un precio muy por debajo del valor de mercado, una cautelar vigente que la impediría, y US$ 30 millones que no aparecen. Pero lo más turbio del negocio tiene que ver con sus nuevos dueños.

Vayamos por partes.

Precio vil

Como lo anunció allá por julio del año pasado, el Gobierno encabezado por Javier Milei avanzó con el proceso de privatizar el 90% del capital accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que actualmente se encuentra en manos del Estado, por los próximos 30 años.

Y encontró un comprador: el consorcio conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX  presentó la mejor oferta por US$ 340,2 millones, bastante por encima de los US$ 285 millones que ofreció el Grupo Roggio, pero US$ 110 millones por debajo de lo que había calculado el Ministerio de Economía.

Riesgo inminente

Pero la licitación se llevó adelante sin precio base, lo que permitiría vender las acciones incluso a este monto. Y también a pesar de que continúa vigente una cautelar en primera instancia confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que había sido promovida por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Lorenzino advirtió un “riesgo inminente” de que la privatización de Aysa derivara en un deterioro del servicio y en el abandono de trabajos planificados. El Tribunal coincidió “en aras de tutelar el compromiso ambiental y la salud de la población”, aunque también resolvió girar la causa al fuero federal, para que ésta resuelva la cuestión de fondo.

¿Cuánto vale Aysa?

Por otra parte, la Auditoría General de la Nación (AGN) alertó sobre que la subvaluación sería aún mayor. El hallazgo del organismo pone la lupa sobre el proyecto “Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, que preveía una inversión de US$ 1.350 millones financiada con un préstamo del Banco Mundial.

Pero el Tesoro nacional adelantó US$ 30 millones (unos $42.935 millones), que no fueron reembolsados ni registrados en los estados contables, y que representarían casi el 10% de la oferta del grupo inversor ganador. En la práctica implicarían una subvaluación del 66,57% de las inversiones realizadas por AySA.

Los nuevos dueños

Las sospechas sobre el apuro por vender a un precio subvaluado una empresa superavitaria —que en 2025 obtuvo ganancias por $22.000 millones— se agravan si se hace zoom sobre los nombres involucrados en el principal oferente.

Se trata de un grupo liderado por Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y conocido como “El rey del cloro”, proveedor de AySA del insumo que utiliza para potabilizar el agua desde 2009. Su principal socio es Rowing S.A., constructora presidida por Walter Román, quien a través de otras empresas de su holding aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, según advirtió el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.

Martello también denunció que —según información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)— el holding ganador de la licitación de AySA facturará US$ 93 millones extra por año por un cambio de zonificación. “En 4 años tendrán recursos que pagarán los usuarios equivalentes al valor de la empresa”, planteó. Y agregó que ese dato “es central y debería conocerse antes de la firma del contrato”.  

Por otro lado, señaló que Filiberti también es socio en el control de Edenor, lo que genera otro conflicto de intereses. “AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de esa distribuidora. De confirmarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría a ambos lados de esa relación comercial”, alertó.

Además, Filiberti no estaría solo. Según reveló La Política Online, detrás del empresario “aparecen camuflados los hermanos Juan y Patricio Neuss, los empresarios favoritos del gobierno libertario”.

Los Neuss y Santi Caputo

Los hermanos Juan y Patricio Neuss vienen ampliando su presencia en áreas estratégicas de la economía. En los últimos meses participaron de adquisiciones y concesiones vinculadas al negocio energético y quedaron asociados al proceso de privatización de activos clave: lograron la adjudicación del 26,3% de Transener, empresa encargada de administrar la red troncal de transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país; y se quedaron con las concesiones de las represas Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, ubicadas en Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Así, el holding Neuss completó el círculo del mercado eléctrico al tener presencia simultánea en la generación, el transporte y la distribución, donde ya controlaban la distribuidora Edersa, en Río Negro.

Ese crecimiento acelerado alimentó especulaciones sobre su capacidad de influencia en el Ejecutivo, especialmente por la relación personal que ambos sostienen desde la infancia con el asesor presidencial Santiago Caputo, reconstruida por distintas investigaciones periodísticas recientes. En ellas, la familia Neuss aparece vinculada a la Fundación Faro –principal think tank libertario– como aportante y financista.

Si bien no existen pruebas públicas que lo acrediten, el Grupo Neuss apareció asociada a Servimagnus, la empresa que forma parte del consorcio encabezado por la belga Jan de Nul, que en mayo se quedó con la licitación para dragar por 25 años la Hidrovía Paraná-Paraguay, el cauce por el que navega, y paga peaje,cerca del 80% del comercio exterior argentino, el 90% del paraguayo, y el 6% del brasilero.

Servimagnus es una empresa vinculada al grupo empresario de Ricardo Román y su hijo Leonardo, hermano y sobrino de Walter Román, respectivamente. El mismo que encabeza Rowing S.A, integrante del grupo empresario que –pese a los fuertes cuestionamientos que anteceden– acaba de quedarse con el control del 90% de las acciones de la compañía que brinda servicio de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.

Fuente: Gladys Stagno – Canal Abierto