Es por la demolición ilegal de la Casa de Gobierno de Córdoba. La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) pidió que se investigue la presencia de residuos peligrosos en los edificios aún no destruidos y en los escombros, que ilegalmente fueron arrojados al arroyo La Cañada.

La organización exige la realización de análisis para identificar la existencia de fibrocemento –con asbesto- y metales pesados a fin de proteger la salud de los obreros que trabajan en la demolición y de las personas que viven en cercanías de Casa de Gobierno.
El Dr. Carlos Raúl Nayi, abogado patrocinante de FUNAM, sostuvo que en edificios antiguos "es frecuente la presencia de metales de riesgo, como cañerías de plomo, y elementos de fibrocemento con asbesto en tanques de agua, techos y otras estructuras".
Al arroyo La Cañada también fueron destinados los documentos públicos que permanecían en la Casa de Gobierno, lo que motivó una ampliación de la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción para que actúe contra el gobernador Juan Schiaretti y otros, por la violación del decreto provincial que regula el destino de documentos oficiales.
En 1997 se aprobó el Decreto provincial 1.659 que "reorganiza y depura los archivos administrativos y contables" de la provincia, incluidos sus entes autárquicos. Esta norma establece que la destrucción solo podrá hacerse "por trituración o despulpamiento" y que deberá intervenir "la Escribanía de Gobierno".

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