Así se desprende del informe “Libertad de expresión en la Argentina 2024”, elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Durante este año, fueron moneda corriente la represión a trabajadores de prensa en coberturas de movilizaciones, el desguace y vaciamiento de medios públicos, patotas digitales, doxeo a periodistas, ataques desde los más alto del Poder Ejecutivo ante la difusión de cualquier noticia que contradiga el relato oficial y una creciente restricción al acceso a información pública.
El documento está estructurado en dos grandes secciones: la primera aborda el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo; la segunda pone el foco en las retracciones en materia de políticas públicas y el rol del Estado en la comunicación, que incluye la habilitación y fomento de deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan de prensa. También analiza e incluye el ataque a las empresas periodísticas como unidades productivas y generadoras de empleo.
“Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ‘patotas digitales’. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno”, indica el informe.
“En nombre de esta supuesta ‘batalla cultural’, el Gobierno y sus socios económicos han avanzado a lo largo del primer año de mandato en una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión”, agrega el trabajo.
Al analizar el impacto del doxeo que consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo, el informe retoma el trabajo “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, que presentó Periodistas Argentinas en septiembre. “Un dato preocupante es que 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”, se señala en el relevamiento.
“Tener registrado lo que vivimos en la prensa y en la comunicación en nuestro país durante el 2024 es fundamental para el presente y el futuro. Nos permite denunciar responsabilidades estatales y paraestatales. Y nos marca el escenario urgente en el que tenemos que seguir organizándonos, con unidad entre sectores como lo hicimos todo el año, para poner un freno a estas gravísimas situaciones”, sostuvo la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, durante la presentación del informe realizada esta semana.
“Somos los trabajadores y las trabajadores de la prensa y de la comunicación, quiénes tenemos que defender la información. Vamos a continuar con el trabajo conjunto y documentando las restricciones al derecho a la comunicación, porque consideramos que es una herramienta clave para testimoniar y accionar en tiempos de creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas”, expresaron en ese marco quienes elaboraron el informe.
Contactos: Agustín Lecchi (Secretario General SiPreBA): 11-6007-6927 / Pablo Dipierri (Prensa – Sociales – UBA) 11-6263-2255.
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