A días de concluir las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, hay dos leyes claves para el cumplimiento del compromiso de Alberto Fernández a dos sectores siempre marginados a punto de quedar pendientes de tratamiento. Son la Ley de Acceso a la Tierra, que beneficiaría a los pequeños campesinos, y la Ley de Relevamiento Territorial Indígena 26.160, que evita los desalojos violentos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas de su territorio. Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana – Red Eco) Argentina – Desde que apareció la pandemia de COVID-19 los agricultores de las zonas flori-hortícolas ubicadas en los cordones de algunas ciudades argentinas esperaban poder por fin tener una ley que permitiría a las comunidades campesinas acceder a tierras, infraestructura e insumos para producir mediante un modelo sustentable basado en la agroecología que mejore sus condiciones laborales. En un comunicado de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que promueve la Ley de Acceso a la Tierra en el país, indicó que “solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, que son los encargados de producir el mayor porcentaje, un 60% de alimentos que circulan en el mercado interno”, y adviertió que “el 1% de las empresas agrarias controla el 36% de la tierra cultivada del país”.

Esta situación que describe el comunicado se puede graficar a diario en los abusos que sufren los pequeños campesinos, generalmente arrenderos de pequeños campos que sufren la violencia tanto implícita, al no existir una regulación que los proteja al momento de firmar los contratos, como explicita e incluso violencia, como es el caso de una familia boliviana que fue desalojada violentamente de un campo de Loma Verde porque se negó a pagar el aumento en casi un 100% del alquiler (1).

Zulma Molloja, referente campesina, explicó que “el modelo del agronegocio representa a un campo concentrado, enfocado en las exportaciones que, si bien son necesarias, tenemos que promover otro modelo de un campo que alimente”. La Ley de Acceso a la Tierra fue presentada por tercera vez en octubre de 2020, antes había sido llevada al Congreso en 2016 y luego en 2018, pero sin posibilidades de lograr su aprobación. Con el cambio de gobierno, la propuesta fue respaldada por Alberto Fernández en febrero del año pasado, pero al día de hoy el proyecto obtuvo dictamen favorable de las Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero aún no fue tratado en el recinto para su sanción.

Además este sector tuvo muchísimas pérdidas durante 2020 por el COVID-19, ya que en el caso de los floricultores al cerrarse abruptamente los pequeños puestos que comercializan las flores no tuvieron más opción que pasarle el tractor o cortar sus plantas, sin recibir ningún apoyo por parte de las autoridades estatales, solo algunas familias pudieron tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o subsidios de ayuda familiar, pero son las menos, ya que la mayoría de estas familias productoras campesinas muchas veces no están en ningún registro agrario o, en los peores casos, carecen de documentación y se encuentran de manera ilegal al ser de países como Bolivia o Paraguay.

Otro tema a tener en cuenta es que desde 2020 y durante 2021 debido al aumento del dólar sufren mucho más la inflación, ya que las semillas e insumos deben ser comprados en dólares y la mayoría de estas personas tiene poco acceso a la bancarización por lo que deben acceder a precio blue, o sea mucho más alto del precio oficial.

Pueblos indígenas invisibilizados por legisladores argentinos que descienden de los barcos
Pareciera que desde que el presidente Alberto Fernández aseguró que los argentinos descendían de los barcos, los legisladores tomaron a bien esa declaración y con sus acciones concretas demuestran que no tienen interés alguno en resolver una de las mayores problemáticas de los pueblos indígenas argentinos: el título de propiedad de las tierras que habitan o que desean recuperar.

La Ley de Emergencia Territorial Indígena fue prorrogada hasta noviembre del 2025 por un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández el mes pasado. El 28 de octubre, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley disponiendo la prórroga de los plazos de la 26.160, pero falta que se trate en Diputados. Los pueblos indígenas vienen movilizándose a lo largo del país y con una carpa permanente en frente del Congreso de la Nación desde hace más de un mes para reclamar su sanción, pero hasta el momento lo único que se consiguió es una total indiferencia por parte de la mayoría de los legisladores.

Tanto los trabajadores de la tierra, como referentes de las comunidades indígenas han realizado innumerables muestras de visibilización para pedir el apoyo a la ciudadanía, así como el pedido a diputados y senadores para que estas leyes sean tratadas, pero hasta el momento no se logró el objetivo.

El 23 de noviembre se realizó una movilización en la ciudad de Buenos Aires, donde las comunidades que se encontraban marchando y luego en las puertas del Congreso Nacional solo pudieron entregarle el petitorio a la diputada Monica Schlotthauer del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), ya que fue la única funcionaria del Congreso que salió a escuchar a las comunidades indígenas que se dieron cita ese día.

Para la diputada Schlotthauer la razón por la que hasta el momento no hubo tratamiento de la Ley 26.160, es porque “el gobierno, el bloque oficialista y la oposición tienen compromisos muy fuertes con la megaminería, latifundistas y ganaderos y buena parte de los conflictos territoriales son con las multinacionales. La propuesta que le hicimos a los diputados del bloque de Juan Grabois fue juntar los legisladores, entre todos seríamos 10, y pedir sesión especial que es lo que habilita el tratamiento, hasta ahora no hemos tenido una respuesta”. En este sentido, ella observa: “Hay un gran malestar de todas las comunidades porque antes de las elecciones les prometieron que iban a sesionar y hasta ahora no hubo sesión, solo salió el decreto que hasta ahora no sirve para parar el ataque a las comunidades”. Durante todo noviembre y diciembre hubo movilizaciones de organizaciones de pueblos indígenas con una marcha y posterior intervención frente al Congreso Nacional, donde la única autoridad visible del estado nacional fue la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Reina Ornella Infante.

A pesar de que estos dos grupos han sufrido en sus cuerpos y territorios la llegada de la pandemia del COVID-19 e incluso los sectores campesinos fueron y son esenciales para la salud y alimentación de los más de 45 millones de ciudadanos argentinos, estos trabajadores son ninguneados y expuestos a innumerables violaciones de sus derechos, ya que en ambos casos al vivir en zonas alejadas de las urbes se encuentran a merced de terratenientes que compran tierras con comunidades indígenas o campesinas dentro y los desalojan violentamente, sin que estos sectores puedan defender su posesión ancestral del territorio que en la mayoría de los casos son la única fuente de trabajo y de vida.

“Soy Nelson Campos, presidente de la comunidad El Algarrobal, de la provincia de Salta, queremos visibilizar el problema que tenemos con el territorio. el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) nos hace el reconocimiento de la Ley 26.160 donde se les da la ocupación actual, tradicional y pública, pero en estos tiempos, cuando pasó el tema de la pandemia, quisimos sembrar y allí aparecen los supuestos dueños y me denuncian a mí por usurpación cuando el estado nacional me reconoce a mí”. Esta comunidad, según el INAI, puede hacer uso del territorio, pero un juez dispuso la medida de no innovar por lo que la comunidad hace un año no puede sembrar en su territorio. “La tierra es la vida misma, nosotros tenemos la miel, los frutos, queremos recuperar nuestras tierras”, concluye Nelson con una mirada absolutamente desolada.

La abogada Paula Alvarado Mamani, perteneciente al pueblo Kolla, especialista en derecho internacional de los derechos humanos, indica: “Si bien es cierto que falta una ley que proteja la propiedad comunitaria, lo cierto es que Argentina tiene firmados varios acuerdos de derechos humanos o protección a los territorios, el problema es la implementación para el cumplimiento de estos acuerdos, y esto puede ser por falta de preparación de los funcionarios públicos al momento de tratar estas problemáticas, como fue el caso en el momento de la sesión de la Ley 26.160 los propios diputados tenían poco manejo en ciertos términos referidos a las comunidades indígenas”.

¿Cuál es rol de estos actores en este tiempo de Antropoceno?
Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de Antropoceno vamos a apelar a la explicación de la socióloga argentina Maristella Svampa, quien indica que “el Antropoceno es indudablemente un concepto-diagnóstico, que instala la idea de ‘umbral’ crítico frente a problemáticas como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad; un concepto que pone de manifiesto los límites de la naturaleza, y cuestiona las estrategias de desarrollo dominante, así como el paradigma cultural de la modernidad. Por un lado, la inminencia de que estamos asistiendo a grandes cambios de origen antropogénico, a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta, se halla directamente ligada a la expansión de las fronteras del capital y los modelos de desarrollo dominantes, cuyo carácter insustentable y depredador ya no puede ser ocultado. Por otro lado, la crisis abre a una revisión del paradigma antropocéntrico, en la relación sociedad/naturaleza, humano/no humano, que está en la base de la modernidad Occidental, lo cual tiene hondas repercusiones filosóficas y antropológicas”.

En el caso de los pueblos indígenas han adoptado un papel muy activo en la política climática como indica la socióloga Deborah Delgado Pugley (2): “La participación de organizaciones de estos pueblos en las negociaciones multilaterales que dan forma a las políticas climáticas empieza tan pronto como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, desde entonces, participan de diversos procesos nacionales, regionales y multilaterales que dan lugar a nuevas políticas públicas. En el espacio multilateral han logrado generar nuevos instrumentos políticos e impulsar el reconocimiento de sus derechos humanos y colectivos. Un hito importante en esta trayectoria fue el consenso tras la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2007”.

Y respecto a las organizaciones campesinas se puede encontrar a La Vía Campesina, como una organización que participa en cumbres por el clima, como lo son las Cumbres del Clima de la Organización de Naciones Unidas (COP). En este marco, la Vía Campesina planteó en 1996 el concepto de Soberanía Alimentaria en Roma, durante un Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria que se realizó paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO. En el momento de su lanzamiento, la Soberanía Alimentaria fue definida por la Vía Campesina como “el derecho de cada nación de mantener y desarrollar su propia capacidad de producir alimentos que son decisivos para la seguridad alimentaria nacional y comunitaria, respetando la diversidad cultural y la diversidad de los métodos de producción” (3).

Vemos aquí que ambos actores han sido fundamentales para la defensa de la economía agraria en pequeña escala y también para la conservación de las zonas de reservas naturales en clara oposición a la economía la economía verde, supuesta solución cuando “en realidad, con sus diferentes mecanismos, representa una despolitización del debate sobre las causas y consecuencias del calentamiento global y acaba, por lo tanto, convirtiéndose en pura propaganda sobre las oportunidades para cambiar mientras se hacen grandes negocios climáticos” (4). Además, como indica el licenciado José Antonio Segrelles, “la revolución verde, como era de esperar, no eliminó el hambre ni la miseria en el campo latinoamericano, pero agrandó las diferencias entre agricultores pobres y agricultores ricos y estimuló la concentración de la tierra, elevando su precio y el de los arrendamientos, al mismo tiempo que se incrementaba la deuda externa de estos países. Asimismo, la utilización masiva de insumos y el empleo de variedades genéticas de alto rendimiento, a veces todo ello de forma innecesaria y desmedida, condujo al endeudamiento de los campesinos latinoamericanos, a un aumento de los costes de producción y al deterioro del medio natural” (5).

Pero ¿qué hacer ante estas inminencias del clima y abandono del estado a los sectores que podrían dar solución o equilibrio al calentamiento global? Los pueblos originarios aquí también hacen su aporte con un concepto clave en la forma de ver el mundo, más allá de la nación indígena a la que pertenezcan, ellos hablan del “Buen Vivir o del Vivir Bien”, los principios que se encuentran dentro de este concepto fueron puesto en visibilidad y debate por el actual vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que explica que, “que el hombre no es dueño de la naturaleza, sino que es parte, se debe vivir en armonía con todos los elementos (agua, aire, tierra) que en ella encontramos”, quizás la clave sea aunar los conceptos que vienen de las comunidades indígenas y las teorías que nacen de los análisis académicos, ya que muchas veces la forma de ver de los pueblos es desdeñada en algunos sectores académicos porque asocian los principios con el misticismo o pachamamismo, sin comprender que el pensamiento indígena está asociado casi siempre con el vínculo espiritual, y que ello al estar por fuera del dogma nada tiene que ver con la religión, sino que se trata de una forma de vivir y que encierra una clara idea política de igualdad y respeto entre el hombre y la naturaleza, es decir cambia el paradigma del hombre moderno donde este tiene la propiedad de la naturaleza.

Notas
1. https://redeco.com.ar/nacional/campesinxs/34608-desalojo-en-escobar-familia-boliviana-es-amenazada-de-muerte-y-pierde-su-micro-emprendimiento
2. “La participación de los pueblos indígenas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De actores “tradicionales” a actores frente al Antropoceno”, extraído de https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/12/DT_FC_22.pdf
3. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/43362/CONICET_Digital_Nro.9d55b4d4-0890-4d40-ab73-62020e35ecaa_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
4. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/43362/CONICET_Digital_Nro.9d55b4d4-0890-4d40-ab73-62020e35ecaa_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
5. http://www.ub.edu/geocrit/sn-92.htm