El gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló el fallo del juez Luis Arias, que establecía que en la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata murieron 89 personas. Los familiares de las víctimas y vecinxs de las asambleas barriales repudiaron la decisión del Ejecutivo bonaerense, a la que calificaron como un “nuevo intento de invisibilización” de los damnificados.

 
El 25 de marzo pasado, el Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, había dictado un fallo en el que establecía que 89 personas murieron durante la inundación de abril de 2013 en La Plata, además de existir otros 16 casos dudosos a investigar.
Cabe recordar que en un primer momento, el Ejecutivo provincial cerró la lista de fallecidos en 51 y que luego avaló una resolución del juez Guillermo Atencio que elevó la cifra a 67 víctimas fatales.
En su fallo, Arias también denunció las irregularidades vinculadas a la investigación penal, a la registración de las defunciones, con la constatación de las causales de defunción, con la inhumación de los restos (cremación y sepultura) y de funcionarios del Ejecutivo.
Sin embargo, esta semana la Gobernación bonaerense, a través del Fiscal de Estado Hernán Gómez (ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata), apeló esta sentencia con el argumento de que “no es válida, porque violó varias reglas procedimentales” y porque “técnicamente no está hecha de acuerdo a derecho”.
El repudio de los familiares de las víctimas y la asamblea de asambleas barriales de La Plata a la decisión gubernamental no se hizo esperar: “Se trata de una apelación que tiene contradicciones, que usa a los Familiares con un argumento a su favor para declarar el número de víctimas que ellos quieren establecer pero desmerece su participación si son testigos y aportantes en la causa del juez. No es más que otra macabra embestida del gobierno Sciolista, que cuestiona lo incuestionable”, denunciaron a través de un comunicado, en el que a su vez agregaron: “La Provincia de Buenos Aires nunca estableció de forma pertinente, mediante decreto o resolución, un número de víctimas. Se amparó, siempre, en una acción de comunicación mediática, poniendo en conocimiento de esto a la justicia penal, que debe encargarse de establecer el alcance de las responsabilidades de los gobernantes, en lugar de hacerlo en el marco de la justicia contencioso administrativa, que se encarga investigar la cantidad e identidad de las víctimas, determinado esto ya en mayo 2013 por la Corte Suprema provincial”.