La presidenta Cristina Fernández presentó ayer en cadena nacional el Programa Progresar que consiste en una ayuda de 600 pesos para aquellos jóvenes de 18 a 24 años que no estudian y que si trabajan lo hacen en condiciones altamente precarias. Red Eco Alternativo.
(Cecilia Rovito – Red Eco) Argentina – El anuncio presidencial del Programa Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina), está en sintonía con los compromisos asumidos frente a los organismos internacionales como las Naciones Unidas, Educación para Todos del Foro Mundial Sobre Educación y Gradúate XXI implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este programa, a su vez, no se trata del único implementado desde Nación con el objetivo de asistir a diferentes sectores sociales: Argentina Trabaja, Enseña y Aprende o Ellas Hacen combinan, también, educación y subsidio.
El Programa se presenta en la página oficial del Anses (http://www.progresar.anses.gob.ar/?gclid=CPir_u68lbwCFelxOgod6CcAnQ), como “una prestación económica universal de 600 pesos por mes para los jóvenes”. Como en la asignación por hijo, el gobierno vuelve a mostrar el beneficio como de carácter “universal” pero los requisitos estipulados en la mencionada página web demuestran que no son pocos, ni fáciles para acceder al beneficio anunciado.
A saber:
– estar comprendido entre los 18 y 24 años
– no trabajar o si el joven está trabajando “en la economía formal o informal” no ganar más de un salario mínimo de 3600 pesos. Es decir, un techo salarial muy bajo para el acceso al Programa.
– que el salario del grupo familiar (padre/madre) no supere los 3600 pesos. Si vivís con tus padres, se suman los ingresos de ambos (aunque estén separados), y si estás casado o convivís en pareja se suman tus ingresos a los de tu pareja. Es decir, se pretende que un joven gane menos de 3600 pesos y sus padres menos de 1800 pesos cada uno, para acceder al beneficio.
– completar el nivel “primario, secundario, terciario, universitario” en cualquier institución educativa se encuentre acreditada por el ministerio de Educación o de Trabajo.
Es decir, el Plan pretende dar asistencia a los sectores jóvenes que a mes y medio del inicio del ciclo lectivo 2014, no tenían en sus planes el reinicio del ciclo escolar, pero que tampoco trabajan y si lo hacen, están en una situación altamente precaria.
Según datos del Indec del 2012 el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que no estudian ni trabajan a nivel nacional era de 23,3 %.
En este sentido, la presentación presidencial revela una preocupación que asiste a la clase política en, al menos, los últimos cinco años: el índice de la deserción escolar en el nivel secundario que se incrementa, aún más, en la franja social más pobre.
En este sentido, los funcionarios de Educación del ámbito nacional y provinciales han introducido programas educativos y directivas que apuntan a una nueva concepción de la escuela. Insisten en una escuela media “inclusiva”, que sea “contenedora” y que permita, por lo tanto, la “terminalidad educativa”. Atendiendo, claro, a los compromisos asumidos por nuestro país en foros internacionales de asegurar la obligatoriedad educativa hasta el nivel secundario. De esta preocupación se desprenden los llamados Planes de Terminalidad (Planes Fines, Coa, Ellas Hacen, Plan Mejora, etc), que pretenden “asegurar la terminalidad”. A pesar de las enormes facilidades que evidencian estos planes, hay una tendencia al abandono escolar que no se ha podido revertir.
El último informe efectuado por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), señala que: “A fines de 2012 se estima que el 8,4% de los chicos/as de 13 a 17 años no estaban asistiendo a la escuela media, y que el 19,9% asistía con sobre-edad. Es decir que alrededor del 28,4% de este segmento poblacional se encontraba en al menos un año inferior al que correspondería por su edad al treinta de junio”. Además, el informe subraya que “la situación de rezago por sobre-edad ha sido muy superior en el interior, y en la escuela de gestión pública más que en la de gestión privada (26,1% y 9,3%, respectivamente en 2012)”.



