El 5 de abril de 2020 la joven apareció muerta en la Comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. En plena etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Morales había sido detenida por la Policía por incumplir la cuarentena. Sin embargo, un video mostró que la víctima ingresó a la Comisaría por voluntad propia. La Justicia hizo lugar a la versión policial y caratuló la causa como “suicidio”, pero la autopsia indicó que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento. Su familia reclama el cambio de carátula: “Fue un femicidio”.

Según denuncia la familia, de los muchos policías que estuvieron presentes en la Comisaría ese día solamente cuatro fueron indagados y procesados pero por delitos que refieren al mal ejercicio de sus funciones: “Y con esto, el juez de instrucción Jorge Osvaldo Pinto dio por clausurado el sumario judicial”.

Para la familia, esto significa que la causa se eleva a juicio oral y público para que la cámara criminal únicamente juzgue por “omisión de los deberes propios del oficio”, “aplicación de vejaciones y severidades en el desempeño de la función resultando un grave daño en la salud de la víctima” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según la imputación que pesa sobre cada uno de los agentes.

En un inicio la causa fue caratulada como “averiguación de muerte”, y luego elevada a la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2021 para tratar el cambio a pedido de la familia por “femicidio”, ya que la pericia criminalística concluyera de forma contundente que Magalí NO se había suicidado.

Ahora son las juezas Virna Eguinoa y Sandra Ehrlich y el juez Hernán Herrera quienes deben definir si el asesinato de Magalí queda impune o aplican las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, juzgan con perspectiva de género y recaratulan la causa como “femicidio”.

“A Magalí la mataron por ser mujer, poble y vulnerable. Escondieron y destruyeron pruebas, encubrieron, dilataron la marcha del proceso e intentaron archivar la causa. Esta es la última oportunidad del poder judicial provincial para enderezar una de las investigaciones más vergonzosas y escandalosas en la historia de la provincia de San Luis, plagada de irregularidades y dilataciones injustificadas. Hoy es la última oportunidad del poder judicial provincial para reivindicarse después de dos años de nefasto desempeño judicial en el crimen atroz de Florencia Magalí Morales. Señoras juezas y juez cumplan con el mandato constitucional para que el que fueron designados. Demuestren que forman parte de un poder estatal independiente. Hagan justicia”, expresó la familia de Magalí a través de un comunicado.