Así lo afirmaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tras realizar su plenaria federal a principios de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, abogaron porque la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina sea ley en el año 2020.
“El aborto legal es una deuda de la democracia. Una oportunidad histórica para extender la ciudadanía reconociendo un derecho que ya conquistamos quienes representamos más de la mitad de la población de este territorio. El acuerdo social es con nosotras, con nosotres. Nuestro Proyecto es un texto legal que fue apoyado por millones de personas en manifestaciones que forman parte de nuestra historia. El Proyecto ya está en las calles”, afirmaron desde la Campaña en el documento final de la Plenaria Nacional realizada hace pocos días.
Allí destacaron que durante 14 años la Campaña construyó 32 regionales, 4 redes federales y trabajó por los consensos políticos necesarios para que el Estado argentino dé el paso que falta: “Participamos de una expresión diversa y transversal, multidisciplinaria e intergeneracional que encuentra sus acuerdos en la lucha por una Ley fundamental. La Campaña es una herramienta feminista para la acción y contención, que contagió de esperanzas ante la desprotección o la criminalización en la que el Estado argentino dejó a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar (…). Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera en una cárcel por decidir sobre su futuro. No somos parte de una grieta, somos les que protagonizamos las trasformaciones de este tiempo y los que vienen. Sin embargo, por esto, somos perseguidas y amenazadas producto de los abusos de autoridad y el machismo explícito en los territorios más conservadores”.
Reiteraron que su lucha y deseo es que se las escuche ante lo evitable, acercando una propuesta de vida digna: “Exigimos políticas ante opiniones seudo religiosas; acceso a la salud ante campañas de desprestigio; paradigmas emancipadores ante intentos conservadores de secuestrar los mecanismos de democracia participativa. Mientras que el Estado no asuma la responsabilidad sobre una cuestión de salud pública y justicia social, la reacción conservadora intenta avanzar contra derechos conquistados, poniéndose por encima de Leyes Nacionales y Tratados Internacionales. Con esto consiguen poner en evidencia quienes son las más desprotegidas de nuestras sociedades: niñes, adolescentes y mujeres jóvenes”.
En este sentido, volvieron a exigir el cumplimiento de las Leyes Nacionales de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, la producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud, la amnistía para las presas y una reparación para ellas y para las familias de las que murieron por abortos inseguros producto de la criminalización que sostiene el Estado.
También se preguntaron si las y los legisladores tomaron conciencia de cuántas mujeres y personas gestantes abortaron de manera insegura y clandestina y pusieron en riesgo sus vidas y salud mientras se sigue sin sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Según datos oficiales, se realizan 354.627 abortos al año. 29 mil por mes. 985 por día. 41 abortos por hora. Son 487.695 desde que el Senado rechazó la Ley el 8 de agosto de 2018 y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días de un nuevo gobierno”, respondieron para cerrar el comunicado afirmando que “el aborto legal es una emergencia social, una cuestión de salud pública y justicia”.
