La norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Iba a tratarse en la última sesión de la Legislatura y contaba con dictamen de la Comisión de la Mujer, pero fue retirada del orden del día.
Desde la Fundación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) solicitaron a la Legislatura de Tucumán tratar y adherir a la Ley Micaela lo antes posible, sin dilaciones y con el compromiso y urgencia que el tema merece.
Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales. En el 2019 ya se han registrado 18 femicidios, superando la cifra de 17 femicidios ocurridos en todo el 2018.
“Ante esta realidad alarmante parece evidente la urgencia de involucrar a todas las personas que integran los poderes en los distintos estamentos del Estado, en capacitaciones con perspectiva de género, de modo de lograr intervenciones más eficientes y al mismo tiempo comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales, que reproducen institucionalmente la violencia contra las mujeres”, consideró Florencia Pérez, integrante del área de Género y Derechos Humanos de Andhes.

Fuente: Andhes