Así lo anunció la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El articulado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se debatió en el marco de una plenaria nacional realizado el último fin de semana en Córdoba.

 

De la plenaria participaron 190 activistas en representación de 30 regionales integrantes de la Campaña, y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Socorristas en Red-Feministas que Abortamos.

El proyecto fue elaborado por una Comisión Redactora, que trabajó durante cuatro meses tomando como base la iniciativa anterior y teniendo en cuenta el ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018. Cabe señalar que el articulado había sido debatido previamente en cada regional que integra la Campaña.

El proyecto que ingresará nuevamente al Congreso en abril de este año establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Estas personas podrán acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100% si tienen obra social, mutual o prepaga. El proyecto además propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

A su vez, se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral, esta última entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social (tal como la define la Organización Mundial de la Salud).

El proyecto también propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar, y no incluye la objeción de conciencia, ya que consagra esta práctica de salud como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias o posiciones personales, religiosas o morales.

Desde la Campaña decidieron reforzar en el mismo articulado del proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción.

En el marco de la plenaria se presentó además el nuevo espacio de la Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas, conformada por integrantes de la Campaña, como un nuevo ámbito desde el cual sumar a la visibilidad de las identidades que luchan por el aborto legal.

Durante el mes de abril, la Comisión de Cabildeo iniciará el proceso de junta de firmas de diputados y diputadas, necesario para presentar la iniciativa en el Congreso. Cabe recordar que en su anterior presentación de 2018 se obtuvo el récord de apoyos de 72 diputados y diputadas, sobre un total de 256.

“En el marco de las elecciones a realizarse este 2019 se exige a los/las candidatas a expedirse respecto de la legalización del aborto voluntario. La Campaña seguirá luchando por la implementación plena y efectiva, con presupuestos adecuados, de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, para que las niñas, niñes, adolescentes, mujeres e identidades disidentes accedan a sus derechos”, expresaron desde la Campaña a través de un comunicado