El juez Julio Sueldo elevó a juicio oral una causa contra Leandro Javier Rodríguez Lastra por incumplimiento de deberes de funcionario público al haber obstaculizado el acceso de una mujer a un aborto legal.

En abril de 2017, una paciente ingresó al Hospital de Cipolletti para ser atendida en el marco de un proceso de aborto legal. La mujer ya había sido asistida en otro centro de salud de la zona y contaba con la Declaración Jurada por la violación de la que había sido víctima, además del Consentimiento Informado previsto en la ley de la provincia de Río Negro.

Ese día se encontraba de guardia el médico tocoginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, quien no acompañó la decisión de la paciente y le suministró sin informárselo un medicamento que impedía que el proceso de aborto se desarrollara correctamente.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron un escrito de amicus curiae en la causa apoyando su elevación a juicio.

Allí se incluyeron argumentos en base a la regulación del aborto a nivel nacional y local, también respecto a cómo debe interpretarse la causal violación y cuáles son los requisitos para acceder a un aborto legal en estos casos. A su vez, se especificaron cuáles son las obligaciones en materia de atención sanitaria que tienen los profesionales de la salud en casos de abortos legales y se realizaron consideraciones sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Las organizaciones celebraron la decisión del magistrado de elevar a juicio oral la causa “en el entendimiento de que la intervención de Rodríguez Lastra para impedir el ejercicio del derecho de la víctima y para revertir un proceso de aborto en curso constituyó un acto de tortura al forzar a la mujer a continuar con un embarazo que no deseaba y que tenía derecho a interrumpir”.

Fuente: Amnistía Internacional