Repsol YPF aportará 6 millones de pesos para financiar equipamiento y cursos de capacitación en escuelas técnicas, dinero que luego le devolverá el Estado. El marco legal es la Ley 22317 sancionada por la última dictadura militar.
(Cecilia Rovito) Argentina – Abierta la puerta a la inversión empresarial por las Leyes de Educación Nacional y Educación Técnica, sancionadas durante la presidencia de Néstor Kirchner, Repsol YPF aportará más de 6 millones de pesos a través de un programa cuya ley base lleva la firma de José Martínez de Hoz, “el orejudo” y nefasto ministro de economía de la última dictadura militar.
Los dineros aportados por la empresa petrolera, les serán reintegrados por el Estado mediante créditos fiscales.
Cuando no hace mucho tiempo Red Eco le preguntó al excelente investigador en temas educativos, Darío Balvidares, si como él aseguraba la política educativa era una continuidad de la herencia menemista, por qué era necesario sancionar la Ley de Educación Nacional (LEN), que derogaba la nefasta Ley Federal de Educación (LFE).
Porque la LFE “no era todo lo explícita que se suponía y podía traer algún problema legal”, respondió Darío.
Se necesitaba una nueva ley que explicitara en el texto la apertura de la educación pública a los “aportes” inversión privada, entre otras cuestiones.
Así, la LEN en el capítulo primero, artículo 6 dice “son responsables de las acciones educativas” tanto el Estado nacional como “las organizaciones de la sociedad”. No dice organizaciones sociales sino “de la sociedad”. Por ejemplo: las empresas.
Y la Ley de Educación Técnico Profesional (LETP) es aún más explicita. En su artículo 47 dice que las funciones del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción son: “Gestionar la colaboración y conciliar los intereses de los sectores productivos y actores sociales en materia de educación técnico profesional”.
Tal apertura gestiva y conciliadora se plasma en el financiamiento que la LETP estipula para la educación técnica. La ley crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que “podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional”.
La ley 22317, “Régimen de crédito fiscal para los establecimientos industriales que tengan organizados cursos de educación técnica”, impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz y sancionada en 1980, no ha sufrido sustanciales modificaciones.
Establece en su artículo primero: “Las personas de existencia visible o ideal que posean establecimientos industriales (…) si contribuyen al sostenimiento de escuelas o cursos de educación técnica” podrán acogerse al Programa de Crédito Fiscal.
Tal operación significa el “aporte”, por un lado, y la deducción en el pago de ganancias por el otro. Negocio redondo. Las empresas no pierden un peso.
La segunda década infame, la década menemista, es la década privatizadora de la mayoría de las empresas del estado: agua, luz, gas, teléfonos, aerolínea de bandera e YPF, la empresa nacional de hidrocarburos que daba ganancias.
“Repsol es una de las 15 primeras petroleras del mundo desde que en marzo de 1999 comprara la empresa estatal argentina YPF. Para rentabilizar la compra, vendió las unidades menos rentables, clausuró refinerías y se desprendió de miles de trabajadores. Por otro lado, incrementó la producción en los yacimientos en la Patagonia Argentina, envenenando con sus vertidos a varias comunidades mapuches (…). En Colombia, Repsol fue denunciada por Amnistía Internacional por financiar grupos paramilitares en el departamento de Arauca”, según un informe del periódico Diagonal.
