Este sábado 11 de diciembre y por segundo día consecutivo una multitud se manifestó en Plaza de Mayo, en esta oportunidad convocada por un amplio arco de organizaciones políticas de izquierda, junto a movimientos sociales, organismos de derechos humanos y otras expresiones populares, para rechazar el pacto con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa.
La lista de organizaciones convocantes resultó tan amplia que ocupa un tercio de la gráfica de convocatoria, lo cual expresa el consenso popular en relación al tema. La postura es compartida también por sectores pertenecientes al frente gobernante, que se dirige de cualquier manera a firmar un tratado con el organismo internacional.
El FMI le entregó de manera exprés en 2018 el mayor préstamo de su historia al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, que se hundía en la crisis económica, social y política que lo llevó a perder de forma categórica las elecciones del año siguiente. El monto concedido fue de US$ 57.000 millones, de los cuales el organismo llegó a darle US$ 44.000 millones.
No fue la única deuda de Cambiemos. En su gobierno, entre los últimos días del 2015 y el 9 de diciembre de 2019, la deuda externa bruta creció 76%. Al momento de irse, Mauricio Macri dejó una deuda externa de u$s227.000 millones.
Lejos de “honrar la deuda”, las organizaciones que se manifestaron en Plaza de Mayo este sábado rechazan pagar un centavo de la misma y en cambio, levantar un plan de lucha nacional contra el acuerdo.
Video Red Eco Altenativo
DOCUMENTO LEÍDO EN PLAZA DE MAYO
A Plaza de Mayo contra el Fondo
No a pacto con el FMI y el pago de la deuda.
Las estafas no se pagan
Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral.
Basta de saqueo ambiental extractivista
La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI
Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo
Las organizaciones de trabajadores, populares, piqueteras, políticas, ambientalistas, de mujeres y diversidades y de derechos humanos nos damos cita hoy en Plaza de Mayo para decir: No al pacto con el FMI. No al pago de la deuda, odiosa e ilegítima, usuraria y fraudulenta. Abajo el plan plurianual y el ajuste. No a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo con el Fondo Monetario y por todos los reclamos del pueblo trabajador. Abajo la megaminería y todo el extractivismo saqueador y contaminante, que además se promociona para poder pagar una estafa. Basta de persecución a las y los luchadores, absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, libertad a Sebastián Romero, por la libertad y contra la extradición de Facundo Molares.
Desde esta Plaza denunciamos que el plan plurianual que anunció el gobierno de Fernández apunta a someter por décadas a todo el pueblo Argentino a tener como prioridad fundamental recaudar dólares para el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, que no es nuestra, en lugar de resolver los reclamos populares más urgentes: el salario, el acceso al trabajo, la vivienda, el agua y terminar con la pobreza y la indigencia que avanza en los territorios, los lugares de trabajo y en los barrios.
La deuda que reclama el FMI fue contraída por el Gobierno de Macri para favorecer a los fugadores de capital y a las multinacionales, y ni un peso de esos 44.000 millones de dólares se utilizó para las necesidades y derechos populares. El acuerdo no pasó por el Congreso ni cumplió las reglas administrativas mínimas, y el propio FMI violó sus normas internas para rescatar al macrismo y los grandes capitales. Es una estafa, que incluso fue denunciada ante la Oficina Anticorrupción y el Poder Judicial por el propio Gobierno de Fernández, y no puede pagarse. Pero el Gobierno actual la reconoce integralmente para que nosotres la paguemos, sin siquiera completar una investigación ni sancionar a los responsables.
Cualquier acuerdo para pagar esta estafa va a profundizar el ajuste, agravando la situación del pueblo trabajador. Pactar con el Fondo supone también devaluaciones, tarifazos e impuestazos. Y un avance de la reforma laboral, sea mediante leyes, sea gremio por gremio. Se trata de una enorme transferencia de recursos desde los bolsillos del pueblo trabajador a las arcas capitalistas, la banca y el FMI mismo. Y como ocurrió en todas las últimas décadas, se trata de un endeudamiento que alimenta la fuga de capitales, que ha llevado a que un monto igual o mayor que la deuda reclamada a nuestro país esté en los paraísos fiscales u otros destinos.
De la mano del pacto con el Fondo se viene un nuevo ajuste económico y fiscal sobre las espaldas de las mayorías populares, cuando la Argentina recortó en su totalidad la asistencia por pandemia, en momentos en que más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza y crece la indigencia. Un ajuste que golpea también a la educación, la salud, los salarios y el acceso a la tierra, al agua y a la vivienda.
Mientras las y los trabajadores sufríamos las consecuencias del ajuste, los pagos por deuda externa y al Fondo Monetario entre 2020 y 2021 alcanzaron los 12.000 millones de dólares. Para usar un ejemplo, esa suma de dinero equivaldría a un plan de 500.000 viviendas populares dando trabajo a 2 millones de personas desempleadas. Ahora el Gobierno se apresta a pagar 1.900 millones de dólares al FMI el 22 de diciembre. Desde esta plaza decimos: No al acuerdo y no al pago al Fondo Monetario.
Un capítulo central de este ajuste es el golpe sistemático contra las jubilaciones. La jubilación mínima se encuentra en niveles de miseria: 29.061 pesos, como resultado de las sucesivas reformas. A tal punto que el presupuesto 2022 recorta los montos para el pago de las sentencias favorables a las y los jubilados. La reforma de Macri, votada por el Congreso en diciembre de 2017, y recomendada expresamente por el FMI, implicó un recorte de 100.000 millones de pesos contra los jubilados. Luego, mientras crecía la inflación, el gobierno de Alberto Fernández eliminó la actualización inflacionaria de haberes reemplazándola por aumentos por decreto. La nueva fórmula no llega siquiera a cubrir el aumento inflacionario. Desde esta plaza nos pronunciamos por el 82% móvil y la actualización automática de las jubilaciones por inflación.
Al mismo tiempo, se ha recurrido a la ANSES para financiar al tesoro nacional, empapelando su Fondo de Garantía con bonos estatales, mientras se pagaba en efectivo a los prestamistas internacionales. Denunciamos que son las y los trabajadores y jubilados quienes han financiado al Estado en su política de pago serial de una deuda fraudulenta, y no al revés.
Para implementar este plan de ajuste y saqueo, los de arriba necesitan contener, desviar y derrotar la resistencia popular, recurriendo a todo tipo de métodos. Han recurrido a la represión, como ocurrió, por ejemplo, en Guernica y recientemente contra la Cooperativa Nueva Unión de Avellaneda. Por esa razón resulta fundamental enfrentar los ataques y las persecuciones, para lo cual reclamamos en especial la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. Reclamamos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero y la libertad y la no extradición de Facundo Molares, quién está requerido por la justicia del estado fascista colombiano. Libertad y cese de la persecución a Guillermo Galantini. Por el desprocesamiento de todas las luchadoras y luchadores populares.
De la mano del pacto con el Fondo se vienen nuevos tarifazos en los servicios públicos. Denunciamos el intento de descargar sobre el pueblo trabajador el recorte de subsidios, que no busca otro objetivo que el pago de la deuda. Este tarifazo va a beneficiar a las viejas privatizadas de los servicios públicos, a las petroleras y gasíferas. Reclamamos la apertura de cuentas de las empresas de servicios públicos y el fin de las concesiones privadas, su nacionalización y estatización bajo control, gestión y administración de trabajadores y usuarios.
De la mano de este pacto con el Fondo Monetario se vienen más ataques a los derechos de las y los trabajadores. En medio de las negociaciones, con el aval de la dirigencia de la CGT y con el silencio de la CTA, el gobierno anunció la eliminación de la doble indemnización por despido y la ya de por sí limitada prohibición de despidos. Y viene avalando reformas precarizadoras de los convenios colectivos, como ocurrió en el caso de Toyota y la burocracia oficialista del SMATA. Mientras, la oposición patronal de derecha y los empresarios reclaman una reforma laboral integral que incluya la eliminación de la indemnización por despido. Desde esta plaza planteamos: Abajo la reforma laboral. Basta de precarización laboral. Defensa del trabajo por convenio y de todos los derechos laborales.
De la mano del ajuste y del pago de la deuda, las mujeres y las diversidades son las más golpeadas por el avance de la miseria social y la precarización laboral. Los recursos que se destinan al pago de la deuda ilegítima se niegan a la atención de los reclamos urgentes contra la violencia de género, que se lleva la vida de una mujer diariamente sin que se implemente siquiera la ESI laica y científica en todo el país. El Gobierno encubre esta situación caratulando como políticas de género los planes sociales y las asignaciones que se otorgan a través de la ANSES, lo que resulta otra estafa porque son iniciativas destinadas a palear de manera insuficiente el hambre y no destinadas a erradicar la violencia de género.
Por último, de la mano del pacto entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional quieren avanzar en una devaluación de la moneda. La devaluación, que busca colocar las reservas para el pago de la pretendida deuda y la fuga de capitales, implicará un nuevo golpe contra los salarios, que vienen de cuatro años en caída libre.
Después de un año de superávit comercial record, las reservas del país se encuentran agotadas. Es el resultado de la combinación del pago de intereses y amortizaciones y la fuga de capitales que se desarrolla en forma regular bajo todos los gobiernos.
La deuda pública reclamada a la Argentina, una deuda ilegítima y fraudulenta, alcanza los 343 mil millones de dólares, sin incluir los montos también importantes en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, o de entes autárquicos como el Banco Central. La deuda en pesos se amplía permanentemente, hipotecando tanto al tesoro como al Banco Central. El vaciamiento financiero del país alimenta la inflación.
La deuda es un mecanismo de dependencia, entrega, sometimiento y vaciamiento en favor de los intereses de la Banca y el gran capital y en contra de las mayorías populares. Es ilegítima, fraudulenta y un mecanismo de usura: más se paga, más se debe. Hasta 1976, la Argentina debía al sistema financiero unos U$d 7.800 millones. Con la dictadura genocida, esa deuda pasó a ser de U$d 45.000 millones, inaugurando la etapa nefasta de dependencia que hoy estamos viviendo. Ese endeudamiento fue investigado, a partir de la denuncia efectuada por Alejandro Olmos, por el Poder Judicial argentino durante 18 años, comprobándose que se gestó en forma fraudulenta, estatizando la deuda de las grandes empresas privadas para que sean pagadas por las mayorías populares y laboriosas. El fallo del juez Ballestero en el año 2000 la declaró ilegítima, ilegal y fraudulenta, señalando a bancos extranjeros como el City Bank y el Chase Manhattan Bank como instrumentos fundamentales, y a empresas como Techint, SEVEL, Alpargatas, Grupo Macri, Banco Francés del Río de La Plata, Banco Galicia, Bunge y Born, Grafa, Molinos Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Pérez Companc, ACINDAR, entre otras, como beneficiarias.
Esto ha sido alimentado regularmente por medio de negociados contra el país. Desde la estatización de las deudas privadas en dólares producida por la dictadura en el ‘82, hipotecando al país con una deuda fraudulenta que fue reconocida por todos los gobiernos constitucionales, estos fraudes no han cesado de sucederse. Pasó con Alfonsín, Menem, De la Rúa, los años peronistas – kirchneristas, el macrismo y ahora con el Frente de Todos.
La deuda se alimentó de los juicios de las viejas empresas de servicios públicos privatizadas menemistas posteriores a la devaluación del 2001, consolidando un enorme fraude contra el país. Y creció con la escandalosa indemnización a Repsol.
Se alimentó del pago de intereses usurarios y de punitorios a los fondos buitres, cuyas demandas ilegítimas fueron reconocidas por Macri, que contrajo un crédito de 15.000 millones de dólares para abonar los 9000 millones exigidos. Se alimentó de renegociaciones y quitas ficticias, que siempre partieron del valor nominal de los bonos, reconociendo enormes negocios de parte de entidades financieras que los habían obtenido a valores de remate. Y del cupón PBI, que se pagó incluso en años en los que el crecimiento económico del país fue casi nulo y ahora alimenta nuevos juicios por parte de fondos buitre.
En 2018 se dio otra vuelta de tuerca. El préstamo con el Fondo Monetario contraído por el gobierno de Macri fue un eslabón más de esta cadena de estafas. Fue contraído para financiar la fuga de capitales que sucedió al megaendeudamiento que alimentó la bicicleta financiera del 2016 y 2017. Aunque esa plata fue a financiar la bicicleta financiera, violando incluso las normas del Fondo Monetario y la legislación nacional, el gobierno de Fernández lo reconoció en bloque y avanza en un acuerdo para su refinanciación bajo las condiciones impuestas por el Fondo Monetario.
Antes, había avanzado en la renegociación de la deuda en dólares, también en este caso, sin investigación siquiera de su origen y reconociéndola integralmente.
Pero así como el canje de deuda del 2020 no implicó una vuelta de la Argentina a los mercados internacionales, el pacto con el Fondo no va a mejorar las condiciones de financiamiento para la economía argentina y menos aún a propiciar el crecimiento sino que agravará las condiciones de ajuste y entrega nacional.
La exigencia del pago de la deuda condiciona toda la economía nacional. Por lo que también debemos centrar nuestro reclamo en el origen de esos dólares para pagarla, y que no se han traducido en bienestar ni en desarrollo. En función de su pago se alimentan negociados contaminantes entre multinacionales y los gobiernos, desarrollándose a fondo una política extractivista de saqueo de la naturaleza y los territorios para el beneficio de unos pocos, perdonando a su vez impuestos a petroleras, gasíferas, mineras, al agronegocio y automotrices, como así también cajoneando la Ley de Humedales y otras. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales impulsan el extractivismo. Prueba de ello son las ecocidas leyes a favor de la agroindustria y de la explotación de hidrocarburos, que nos sumergen aún más en el colapso climático y ecológico que ya comenzamos a transitar. Al mismo tiempo, el agronegocio es responsable de los masivos desmontes, pérdida de humedales, bosques, biodiversidad y de las quemas para alimentar la expansión sojera y ganadera, con su consecuente descomunal uso de agrotóxicos. Así se profundiza la dramática situación de los pueblos fumigados, comunidades indígenas y campesinas. El fracking y la megaminería, las otras formas de extractivismo, consumen millones de litros de agua a diario y la dejan inutilizable para siempre, además de alterar todos los ecosistemas aledaños y donde confluyen las aguas. Incluso se endeuda aún más para construir mega represas, centrales nucleares y otros proyectos de infraestructura al servicio del saqueo y la extranjerización de los bienes y territorios del país. Debemos frenar el ecocidio y repensar la manera de cómo producir, si queremos construir un mundo social y ambientalmente justo. En estas luchas también se criminaliza a quienes se oponen a esta política, como ocurrió en Andalgalá, Catamarca, y en Chubut. Desde esta Plaza saludamos e impulsamos las luchas ambientales que en todo el país vienen enfrentando esta política de saqueo.
Por presión del Gobierno y del propio Fondo Monetario, el pacto con el Fondo y el plan plurianual se discutirán en el Congreso. El gobierno cuenta con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio y de la extrema derecha de Espert y Milei para asegurar la viabilidad de un acuerdo que exigirá un enorme y mayor ajuste. También cuenta con el aval de la burocracia sindical. Cristina Fernández, en su carta reivindicó el pago serial de la deuda y emplazó a la oposición a apoyar el acuerdo.
Desde varios sectores autoconvocados, sociales, piqueteros y de izquierda venimos rechazando estos pagos con diversas acciones contra cualquier acuerdo con el FMI: espacios como la Unidad Piquetera, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas, venimos realizando campañas y movilizaciones de denuncia contra la fraudulenta deuda y el sometimiento al FMI, incluyendo la realización de un Juicio Popular a la Deuda y al FMI que contó con el testimonio de más de cien referentes populares.
Y ahora dimos un nuevo y necesario paso, confluyendo unitariamente en la histórica Plaza de Mayo, invitando a ampliar aún más esta convocatoria sobre la base de los acuerdos aquí expresados y a darle continuidad. Llamamos a poner en pie un amplio frente común contra el acuerdo con el FMI, que condicionará aún más a nuestro país a las decisiones del gran capital y el imperialismo, y seguirá postergando los derechos y las necesidades urgentes de las mayorías populares. Hay que unir a todos los sectores populares que se opongan con claridad a este pacto con el Fondo, que profundizará la pobreza, la miseria, la precarización laboral, la entrega de nuestros territorios y bienes comunes a los intereses de las grandes exportadoras, junto a la represión de quienes resisten y la militarización.
Desde esta Plaza, reivindicamos la rebelión popular de 2001. Una rebelión que enfrentó a los gobiernos del Fondo Monetario, y sus paquetes de ajuste para el pago de la deuda. Una vez mas hoy, nuestro país es arrastrado a la miseria por el peso de esta deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta. Como entonces, el gobierno pacta con el Fondo Monetario contra las y los trabajadores acuerdos de entrega y saqueo. Hoy ganamos las calles para enfrentar masivamente esta política.
Desde esta Plaza planteamos: No al pacto con el Fondo Monetario. Cese del pago de la usuraria, ilegítima y fraudulenta deuda externa. Y decimos que la plata debe ir a aumento de salarios y jubilaciones, a salud, educación y vivienda, no para los usureros internacionales y el FMI.
Junto con este planteo luchamos por un programa integral para que la crisis no la pague una vez más el pueblo trabajador, sino quienes la provocaron. Un programa que plantea un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido, por un salario igual a la canasta familiar (100.000 pesos), y que se reduzca la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados. Un programa que incluye el rechazo de plano a una reforma laboral flexibilizadora y a todas las formas de la precarización laboral, la nacionalización del sistema bancario, el monopolio estatal del comercio exterior, y un plan nacional de obras públicas controlado por la clase trabajadora. Que plantea un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido y que se reduzca la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Es decir, un plan económico obrero y popular planificado sobre la base de los intereses del pueblo trabajador.
Desde esta Plaza, llamamos a todas las organizaciones populares y de trabajadores a enfrentarlo, organizando asambleas y plenarios en todos los gremios, centrales y movimientos populares para rechazar el acuerdo con un plan de lucha nacional que levante todos los reclamos del pueblo trabajador.
Por eso decimos:
No a pacto con el FMI y el pago de la deuda.
Las estafas no se pagan
Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral.
Basta de saqueo ambiental extractivista
La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI
Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo
Video Red Eco Alternativo
Texto introductorio: Indymedia Trabajadoras/es
