Tras una orden judicial, la municipalidad de la localidad de Pilar desalojó a los habitantes de una casa adyacente a la Plaza de la Memoria. El operativo consistió en la demolición de la vivienda y de un mural realizado por estudiantes de escuelas de la zona en la única pared que quedaba como señalización de que en ese lugar funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar.
En Pilar había un puesto caminero de la policía, que tras el golpe de Estado de 1976 fue utilizado como Centro Clandestino de Detención y Tortura, formando parte del circuito de represión del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Este sitio fue conocido como “La escuelita de Pilar” o “Puesto Caminero de Pilar” y sería el tercero en importancia de la provincia. Con el retorno de la democracia, se colocó enfrente de la casa un monolito en memoria de los desaparecidos, que fue arrancado por orden del propio municipio pocos días después. En 2007, se ordenó derribar el edificio donde funcionó el Puesto, pedido que se concretó tras un violento desalojo y a pesar de los reiterados reclamos por reconocer y recuperar el espacio como parte de la memoria local. Un año después, se conformó la Comisión de la Memoria de Pilar y Río II y se intervino el lugar como espacio recuperado, colocando un monolito en recuerdo del único desaparecido que se conoce hasta el momento en la localidad: Luis Oscar “Oso” Bonfanti. Además, en la única pared que quedó tras la demolición, estudiantes de distintas escuelas de la zona realizaron un mural colectivo en 2011.
Pero el 19 de octubre pasado, una orden judicial emitida por la Jueza Susana Martínez Gravier del Juzgado Provincial de Río Segundo solicitó el desalojo de las personas que vivían en una casa contigua a la Plaza de la Memoria desde hace más de 20 años. El municipio respondió demoliendo la vivienda y el mural.
Lxs vecinxs que se acercaron al lugar para repudiar lo sucedido fueron amenazados y patoteados por quienes actúan para el intendente Diego Bechis.
Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron lo sucedido. Tal fue el caso de H.I.J.O.S. Córdoba, que calificó el accionar del municipio como “ilegal y violatorio de los derechos humanos”. Además, manifestaron: “Más allá del valor simbólico del lugar, era la ubicación exacta donde se cometieron delitos de lesa humanidad que aún no han sido juzgados y su desaparición afecta a los procesos judiciales, históricos y académicos en busca de la Verdad, la Memoria y la Justicia que se vienen llevando a cabo en la provincia y el país. La familia que por orden del juzgado de Río Segundo debía ser desalojada vive hace más de 20 años en ese lugar y no se les ha respetado su derecho a la vivienda al desconocer que tienen en proceso un juicio por usucapión de la casa. Exigimos la inmediata preservación del lugar de memoria y el respeto por la preservación de la historia argentina, la construcción de Memoria y el trabajo de la Comisión de la Memoria de Pilar”.