Al cumplirse un nuevo aniversario desde el inicio de su lucha, la organización elaboró un documento en el que enumeró los actos gubernamentales, legislativos o jurídicos, que consideran necesarios desarrollar para derrotar plenamente la impunidad y avanzar hacia el pleno acceso de todxs a todos los derechos humanos.
“En este aniversario ni nos auto conformamos con nuestra historia de luchas ni tenemos una mirada conformista sobre lo logrado en la Argentina que no es poco siendo el tema de Juicio y Castigo a los Genocidas donde más se visualizan los avances, realmente históricos y de relevancia regional. Asumir lo logrado como el punto de llegada, como el súmmum de lo posible; no solo sería un error conceptual enorme, también sería una falta de compromiso con el mandato que nos viene del fondo de la historia, y sobre todo con todas y todos los que no vacilaron en seguir luchando no importa las consecuencias que el Poder les amenazaba y hoy son parte de ese acumulado histórico de luchadores al cual nos debemos”, señalan los integrantes de la LADH en un documento elaborado al cumplirse este año el 75° aniversario de su conformación.
Entre los temas pendientes para seguir trabajando y luchando mencionan: La inmediata derogación de la llamada Ley Antiterrorista; la anulación de todos los acuerdos firmados con el Gobierno de los Estados Unidos que permiten la injerencia de sus Fuerzas Armadas en la preparación y formación ideológica de cualquiera de las Fuerzas estatales de seguridad; la completa depuración de todas las Fuerzas estatales de seguridad (no solo las Fuerzas Armadas, también Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario y todas las Policías: la Federal, las provinciales y las nuevas como la Metropolitana o las comunales de la provincia de Buenos Aires) de todos los elementos que hayan servido en el periodo de despliegue del terrorismo de Estado, hayan estado comprometidos en hechos de represión a la protesta social, tráfico de drogas, trata de personas o de corrupción; elaboración de una política estatal unificada de avance en la lucha contra la impunidad de los perpetradores del genocidio enfrentando la estrategia de la impunidad biológica, la impunidad del Poder Económico y la estrategia de los condenados para sostener su impunidad exigiendo un trato preferencial para ellos como detenciones domiciliarias, eximición de juicios o cárcel por razones de salud; respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios y de la tierra a no ser avasallados por el modelo extractivista; democratizar la democracia argentina, dejando atrás un modelo de democracia liberal que solo concibe “que el pueblo delibera y gobierna solo a través de sus representantes”
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