Miles de manifestantes marcharon ayer a la tarde para exigir la anulación de la Ley Nº 26.734, que entró en vigencia el 28 de diciembre pasado, y que penaliza la protesta social.
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La movilización convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sede Capital, partió de Avenida de Mayo y 9 de Julio y se dirigió hasta el Congreso de la Nación donde se leyó un documento elaborado conjuntamente por las organizaciones participantes.
En la primera línea marcharon Pablo Micheli, secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro (UP), Nora de Cortiñas y un grupo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vilma Ripoll (MTS), Néstor Pitrola (PO), Christian Castillo (PTS), entre otros dirigentes.
Una segunda columna fue encabezada por integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), quienes portaban un gran cartel con el mensaje “Contra el saqueo y la contaminación”.
En el Congreso y luego de dar cuenta las adhesiones a la movilización, comenzó la lectura del documento acordado por las organizaciones convocantes donde se resaltó “nuestro repudio y rechazo a la ley aprobada por el Congreso Nacional enviada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que consiste en una nueva ley antiterrorista que amplía groseramente el campo de la criminalización de la protesta social de la Ley 26.268, sancionada en 2007”.
En cuanto a las consecuencias de las leyes antiterroristas, se resaltó que “son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales, y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de terrorista, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación generan miedo. En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha, tanto en el plano jurídico como simbólico”.
Por los mencionados fundamentos, se repudió la sanción de la ley, se exigió su derogación y se llamó “a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando”.
Fuente: Liliana Giambelluca




