El 19 de junio pasado cinco mujeres realizaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Sergio Lello Sánchez, por los apremios ilegales de los que fueran víctimas durante la represión en el marco de la aprobación de la Reforma Constitucional de Jujuy en la Legislatura, llevada a cabo el 20 de junio de 2023. Cuentan con el asesoramiento legal de la abogada Lorena Mamaní y el acompañamiento del organismo de Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Jujuy.

En la denuncia se detalla la violencia con la que la policía de la provincia maltrató a las víctimas, que por miedo a represalias, no darán a conocer su identidad.

Recordemos los estragos producidos en la sociedad por las fuerzas de seguridad de Jujuy durante “esa jornada; estas mujeres, la mayoría del sector de educación, el día 20 de junio del año 2023, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, marcharon junto al pueblo jujeño para hacer sentir su disconformidad hacia las políticas que llevaba adelante el entonces gobernador Morales. Alrededor de las 12 del mediodía, la policía inició un ataque descomunal hacia las personas que se manifestaban. Las detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de piedras, balas de goma y gases, dejaron un saldo de más de 100 personas detenidas y un sinnúmero de personas heridas, algunas de ellas de gravedad. El Estado provincial actuó con saña contra su propio pueblo, con el fin de sojuzgarlo para luego criminalizar la protesta. Todo dio cuenta de que fue una especie de ‘laboratorio’ para implantar un modelo represivo. Hoy ese mismo modelo se replica a nivel nacional, la represión a lxs jubiladxs en CABA, el ataque a la prensa, como fue lo de Pablo Grillo, la violencia política, la militarización de las fronteras donde también hubo un muerto, entre otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos que el gobierno nacional de Javier Milei y su brazo represor, la ministra Patricia Bullrich, ejecutan y pergeñan diariamente”, expresaron desde H.I.J.O.S. Jujuy.

El organismo también emitió un comunicado al cumplirse dos años de aquel 20 de junio de 2023, el día en el que – según describen – “Jujuy defendió la democracia ante la tiránica reforma de Gerardo Morales”:

Hace apenas 2 años atrás, Jujuy fue escenario de una pueblada consecuencia de la tiranía del entonces gobernador Gerardo Morales. El pueblo jujeño organizado, con lxs docentes y los pueblos originarios a la cabeza, llevaron adelante durante semanas cortes de rutas, junto a masivas y repetidas marchas por el centro de la ciudad, a causa de un clima de total descontento de la sociedad jujeña, por las condiciones laborales y atropellos a los derechos de todxs lxs trabajadorxs de organismos estatales y privados, y a los derechos ancestrales de los pueblos originarios, alcanzando su punto máximo de inflexión ese trágico martes 20 de junio.

Como antesala, el 17 de junio, el gobierno desató una brutal represión contra los pueblos originarios en las rutas 9 y 51, a la altura de Purmamarca, con el saldo de más de 30 personas detenidas y otras tantas heridas de gravedad. Fueron a fusilar a la gente que cortaba la ruta manifestándose en contra de una reforma Constitucional inconsulta, que prohibía la protesta social y otorgaba privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para beneficiar los negocios extractivistas de sus socios.

Morales y sus edecanes, subestimaron el poder del pueblo, creyendo que con su trillado eslogan “Unión, Paz y Trabajo”, robado al Gral. venezolano Juan Vicente Gómez -militar recordado por asesinatos, torturas, encarcelamientos y ejecuciones sumarias de sus opositores- podían lavarse la cara y esconder bajo la alfombra la dura realidad jujeña. Ese 20 de junio, día en el que Gerardo Morales pretendió aprobar la Reforma Constitucional a espaldas de un pueblo, que a viva voz y hacía meses, venía reclamando sus derechos y expresando la disconformidad sobre la misma, fue una de las jornadas más oscuras y antidemocráticas de la historia provincial.

El gobierno no escuchó a su pueblo, por el contrario, intentó ejercer el control social mediante el terror, a través de discursos amenazantes y descalificadores, hacia quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta y, por supuesto, hizo uso del poder judicial para criminalizarla.

Ese 20 de junio, miles de jujeños y jujeñas salieron, otra vez a la calle. Era el día del “Banderazo”, había que defender la democracia. El escenario se dispuso con una legislatura cercada con un absurdo vallado metálico y centenares de miembros de las fuerzas policiales que esperaban la llegada de una marcha intersectorial y ciudadanxs en general que, como todos los encuentros anteriores, llegaban para hacerse escuchar con cánticos, batucadas y carteles “Arriba los salarios, abajo la reforma”. Sin embargo, fueron recibidos con provocaciones por parte de los mismos efectivos policiales, muchos infiltrados, que desencadenaron en un feroz ataque con piedras, balas de goma, gases lacrimógenos, detenciones violentas y arbitrarias.

Morales, tras terminada la sesión en la Legislatura y aprobada la reforma, salió del recinto, levantó el brazo y dio la orden, les soltó la correa a sus perros. Las calles fueron tomadas por la policía de la provincia y funcionarios de su gobierno, quienes emprendieron un feroz ataque como si se tratara de “aniquilar al enemigo” en campo de guerra.

Las imágenes de detenciones y allanamientos ilegales, cuerpos heridos, ojos vendados, manos levantadas y gritos ahogados por el gas recorrieron el país entero. Entre el humo de los gases, el ruido de los disparos y el terror, podía reconocerse la bronca transformada en lucha, luego de que el ex gobernador aprobara su fetiche con el aval del PJ, esa reforma inconsulta y manchada por la sangre de su propio pueblo. El saldo fue más de 100 personas detenidas y un sinnúmero de personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

Tal perfidia no quedaría impune, distintos organismos de derechos humanos provinciales y nacionales, impulsaron acciones legales contra el gobierno provincial. Se presentaron habeas corpus, denuncias penales por violaciones graves a los derechos humanos, pedidos de investigación urgente y acciones de inconstitucionalidad contra la reforma. Las pruebas estaban a la vista de todo el país. Hoy Morales es un muerto político, pero que aún lleva, amparado bajo su reforma constitucional, sus negocios extractivistas.

A dos años de ese 20 de junio, sostenemos la memoria colectiva de aquel día. Porque en aquella feroz represión, en la que se utilizó el mismo modelo de terror que instauró la dictadura, de la que también nuestrxs compañerxs víctimas, hoy se replica a nivel nacional en la represión a lxs jubiladxs en CABA, el ataque a la prensa, como fue lo de Pablo Grillo, la violencia política, la militarización de las fronteras, la facultades represivas otorgadas a la policía federal, entre otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos que el gobierno nacional de Javier Milei y su brazo operador, la ministra Patricia Bullrich, ejecutan y pergeñan diariamente.

Ajustar y empobrecer al pueblo, criminalizar la protesta, justificar y ejercer la violencia, demonizar a quien piensa distinto, obviando la fuerza y dignidad del pueblo es una receta históricamente equivocada. Sino que se lo pregunten a Morales.

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos
Memoria, Verdad y Justicia
Arriba los salarios, Abajo la reforma.