La presentó la Comisión Provincial por la Memoria en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires durante la manifestación por los derechos de los y las jubiladas realizada el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
A partir de su trabajo de monitoreo como Mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) monitoreó el despliegue de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PNA), Servicio Penitenciario federal I(SPF) y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Durante más de 6 horas se registraron aprehensiones arbitrarias, incluso a menores de edad, centenares de personas lesionadas, portación de armas letales y uso indebido de las no letales, entre otras cuestiones que configuran delitos de acción pública.
“Es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de los responsables políticos que planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, consideraron en su presentación.
Como medidas de prueba, la CPM reclama que el Ministerio de Seguridad nacional y de la Ciudad envíen información sobre las nóminas de agentes, recursos y autoridades asignadas al operativo, así como las órdenes emanadas de cada cartera; pide registros fílmicos de cámaras de seguridad al gobierno de la Ciudad y a los medios que realizaron coberturas en el lugar; que se cite a declarar a personas lesionadas y los profesionales que las asistieron, y solicita que se ordene al Ministerio de Seguridad de Nación y las fuerzas federales cumplir con los marcos normativos vigentes.
A partir del material recabado durante el monitoreo, la CPM concluye que en “el despliegue de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas, las reiteradas actuaciones que se continuaron en el tiempo, evidencian que las acciones ilegales denunciadas fueron efectuada de forma estratégica por un mando jerárquico, es decir se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad”.
“(Existió una) “intención premeditada y concertada de amedrentar, reprimir e incluso lesionar a los manifestantes”, “sobre todo después de escuchar las declaraciones previas y posteriores a la movilización de los y las funcionarias estatales que deberían garantizar el ejercicio de una manifestación pública y pacífica”, agregan.
En la descripción incluida en la denuncia, la Comisión señala que las intervenciones iniciaron desde las 15.15 horas mediante un despliegue de más de 1.000 agentes que instrumentó la represión que se extendió por varias cuadras y avenidas “con la clara intención de impedir la concentración”, convocada para las 17.
Hasta pasadas las 22 horas del miércoles, los equipos de monitoreo pudieron registrar golpes, uso de gases lacrimógenos y de spray pimienta y disparos de balas de goma, entre otras modalidades de represión que afectaron a manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que debieron ser asistidos. Para las 16.40 horas ya se estaban desplegando los al menos cuatro camiones hidrantes y, ante el desborde generalizado, comenzaron las aprehensiones arbitrarias.
Durante las seis horas de represión, la CPM registró: 114 personas aprehendidas, tres de los cuales eran menores de edad, de 12, 14 y 16 años; al menos 672 personas heridas, entre ellas una niña de 14 años quemada por gas lacrimógeno; lesiones de diversa variedad, en algunos casos extrema y la portación de armas letales –prohibida en manifestaciones- , así como el uso indebido de armas menos letales, como el caso extremo cuya víctima fue Pablo Grillo. Las postas de goma, irritantes químicos, bastones y camiones hidrantes tuvieron el miércoles un uso “indiscriminado y desproporcionado”.
“Una de las secuencias de mayor gravedad se dio sobre avenida Yrigoyen donde desde Entre Ríos se desplegaron las fuerzas de Gendarmería y Policía Federal. Usaron camiones hidrantes y acompañaron su avance con escopetazos de cartuchos de gases lacrimógenos y postas de goma. Al llegar a la intersección con calle Solís dispararon un cartucho de gas que fue el que impactó sobre la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. Fue el herido de mayor gravedad, debió ser trasladado por el SAME y permanece internado peleando por su vida. El otro es el golpe de a una anciana que reclamaba frente a un cordón policial y fue golpeada cayendo inconsciente al piso”, describen desde la CPM.
En este sentido, la Comisión solicitó a la justicia una investigación “rigurosa y precisa” que “esclarezca las conductas de los funcionarios políticos, quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir”, concluyendo que “la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y por cómo estas utilizan la fuerza pública”.
Fuente: Agencia Andar.
