El lunes 16 de enero, la organización Alameda presentó ante los tribunales federales un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del Art. 41 Quinquies del Código Penal de la ley 26.374 (ley Antiterrorista).
La Alameda además realizó un acto frente a Comodoro Py en repudio a la norma recientemente sancionada, para acompañar esta presentación.
En el sorteo tocó el trámite de la demanda el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, que actuó en otras causas preservando las garantías de asilo político
CONTACTOS: Mario Ganora: 15 5883 0233; Gustavo Vera: 15 6158 4835
Los costureros y militantes de la Alameda y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) acompañaron este lunes al mediodía la presentación del amparo para declarar anticonstitucional la Ley Antiterrorista, norma vigente hace un mes por sanción en el Congreso y avalado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El acto en la puerta de los tribunales federales de Retiro, bajo un sol insoportable, se realizó con los militantes vestidos con chalecos que simbolizaban el uniforme de un carcelario. Mientras que encabezó el acto una bandera con el lema “Con esta ley somos todos terroristas”.
El presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y su vice el abogado penalista Mario Ganora, presentaron formalmente el amparo. En el sorteo tocó el trámite de la demanda el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, bajo el número de expediente 384/12.
Para Ganora “queda una esperanza al saber que el amparo tramita con el magistrado Rafecas, ya que actuó en otras causas preservando las garantías de asilo político. Justamente un punto que la ley Antiterrorista quiere desterrar contrario a los convenios internacionales y la política de derechos humanos que sostiene nuestra Constitución Nacional”.
Por otro lado, Vera cree que “sí no nos mandaron el amparo con Oyarbide (Norberto) o Lijo (Ariel) quiere decir que no quieren dormir el amparo. En caso contrario, o sea no obtener el amparo, no nos queda más remedio que marcha una y otra vez en cada una de las instancias a la que recurramos. Será Casación, la Corte Suprema Nacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que no descansaremos hasta declarar la anticonstitucionalidad de la aberración jurídica que busca criminalizar a todos los activistas, y como se demostró en otro país no es otra cosa que el instrumento predilecto del poder económico para encarcelar a todos aquellos que evitamos el saqueo de nuestra tierra o el exterminio de nuestra población”.
En los considerandos del amparo se denuncia que el artículo 41 quinquies de la ley 26.7234 hace desaparecer la institución del asilo territorial y diplomático y permite la extradición de refugiados con el pretexto de que son terroristas. Fragiliza la situación de los migrantes indocumentados al permitir que cualquier fuerza de seguridad nacional invoque un acto de resistencia a la autoridad para que se los declare terroristas. Deja abierta la posibilidad de que las huelgas y luchas sociales pueden ser calificadas de actos de sabotaje con fines políticos y por tanto actos terroristas. Del mismo modo los actos de apoyo solidario a los pueblos que luchan contra regímenes extranjeros tiránicos, colonialistas, racistas y genocidas podrían ser encuadrados según la nueva norma como actos con finalidad terrorista. Como ya lo han reconocido la mayoría de los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, el artículo 41 quinquies de la ley antiterrorista deja abiertas las puertas a la criminalización de la protesta social, a la restricción de los derechos migratorios y de asilo.
