Lo hizo la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que se encarga actualmente de la defensa de los seis integrantes de Partido Patria Libre y del Movimiento Agrario Popular, que por decisión del gobierno nacional fueron extraditados a disposición de la Justicia de su país. Los seis aún se encuentran detenidos, sin fecha fijada para el inicio de un juicio en el que se los juzgará por delitos que no cometieron.

Documento: Amicus Curiae por los seis campesinos paraguayos

Los abogados paraguayos piden la excarcelación basados en lo que procesal e internacionalmente se denomina "plazo razonable" para mantener a una persona encarcelada sin juicio, alegando los más de cinco años de detención que llevan.
Pero la Justicia paraguaya les responde que “no les consta el tiempo de detención que sufrieron en la Argentina”, cuando consta perfectamente en el expediente que siempre estuvieron detenidos y que la propia Justicia paraguaya debió dar a la Justicia argentina garantías expresas de que se consideraría la detención aquí a los fines del proceso en Paraguay. La defensa paraguaya de los compañeros interpuso entonces un Habeas Córpus contra esta arbitraria resolución. Es en este contexto, que desde la Gremial presentaron el Amicus Curiae. Y llaman además a todas las organizaciones solidarias que hagan lo mismo, enviando "amicus" o las presentaciones que correspondan.
Desde la Gremial también le piden al Gobierno argentino que pueda revisar su resolución, y las decisiones impulsadas por funcionarios con intereses directos con quienes persiguieron a los seis compañeros y que reclame por las vías que corresponda ante la Justicia y las autoridades paraguayas para que corrijan semejante aberración.

Un poco de historia
Tal como explican desde la Gremial, los seis campesinos ya fueron sometidos a proceso en Paraguay y sobreseídos de los delitos que se les imputan, pero las persecuciones, agresiones, asesinatos de amigos y compañeros de sus organizaciones continuaron.
Ante esta situación se presentaron ante el embajador argentino en Paraguay reclamando asilo político y éste les aconsejó viajar de inmediato a la Argentina indicando expresamente que se trata de un país con un gobierno que reconoce el asilo y respeta los Derechos Humanos. Así lo hicieron, y una vez en Argentina se presentaron ante el Comité para la Elegibilidad de los Refugiados (CEPARE) explicando las contingencias, presentando abundante documentación e iniciando los trámites para el refugio.
Sin embargo, una semana después fueron detenidos por la Policía Federal, dentro mismo de un ámbito de inmunidad como es el CEPARE, y sometidos a juicio de extradición.
El entonces ministro del Interior Aníbal Fernández recibió varias veces a representaciones paraguayas que reclamaron la entrega de los seis campesinos y se negó sistemáticamente a recibir a familiares o defensores de estos, declarando públicamente que la entrega se llevaría a cabo.
Los familiares y defensores recién pudieron pisar el Ministerio del Interior, cuando Fernández dejó de ser ministro, pero ya era demasiado tarde ya que la extradición se había concretado. El Gobierno nacional entregó a los seis dirigentes campesinos a Paraguay, lo que constituyó un durísimo golpe al derecho de Asilo y refugio que la Argentina siempre mantuvo como un estandarte de solidaridad internacional.