Denunció que existen "problemas de articulación y gestión estatal" que impiden avances significativos de los juicios por la represión ilegal.
 

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se calificó de "insuficiente" la política de derechos humanos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la edición 2008 de su estudio sobre Derechos Humanos en Argentina, el CELS insta al Gobierno a "no reducir la política de derechos humanos al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado".
El director de la entidad, Gastón Chillier, afirmó que en la defensa de los derechos humanos se han abandonado "por completo" otros temas como la situación de las cárceles, la represión policial o la pobreza.
Según el informe, los procesos judiciales han puesto de relieve "las fallas de coordinación entre los poderes del Estado, la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la pasividad frente a los graves hechos que amenazan el proceso de Justicia".
En Argentina hay 212 causas abiertas y 1.036 personas imputadas por estos crímenes: sólo 17 fueron condenadas.