La agrupación pidió que la investigación por la desaparición durante la dictadura del matrimonio Silvana Parrile y Ricardo Salinas se enmarque en las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Tucumán – Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) pidió que se conecte este expediente con otras causas en trámite vinculadas con el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Jefatura”, lugar en donde fueron vistos por última vez Parrile y Salinas. Según lo declarado por sobrevivientes, la pareja fue detenida el 7 de enero de 1977 en una plaza de San Salvador de Jujuy y luego trasladada a Tucumán.
El CCD “La Jefatura” comenzó a funcionar a mediados de 1975, durante la vigencia del Operativo Independencia, y lo hizo hasta fines de 1978. El caso Parrile-Salinas se vincula especialmente con el de Marta y Rolando Coronel, quienes también fueron identificados en ese lugar. El objetivo de esta línea de investigación es probar el funcionamiento del aparato represivo en Tucumán. De acuerdo a la presentación realizada por H.I.J.O.S., que patrocina a la querellante Cecilia Parrile, hermana de una de las víctimas: “Los delitos cometidos en el periodo 1975 -1983, se denominan de Lesa Humanidad y como tales son imprescriptibles, pues se enmarcan en lo que fue un Plan Sistemático de Exterminio y Violaciones de Derechos Humanos: secuestros, torturas, tormentos”.
Además, el tratamiento en conjunto de las causas vinculadas a los Centros Clandestinos permite “mayor economía y celeridad procesal, y sobre todo atenúa la revictimización de los sobrevivientes que deben declarar una y otra vez sobre lo sucedido”.
A partir de esta presentación también se intentará probar cómo los diferentes lugares donde se mantenían secuestradas a las víctimas formaban parte de un gran Circuito Represivo por el que transitaba el detenido. Se buscará demostrar que este circuito trascendía las fronteras provinciales, reafirmando el concepto de “sistematicidad del Plan Genocida”.
En Tucumán este circuito comprendía los Centros Clandestinos de Detención "La Escuelita de Famailla" (primer CCD del país), "La Jefatura de Policía" y el Penal de Villa Urquiza.
Al finalizar la dictadura en el mismo lugar donde funcionaba “La Jefatura” se instaló el Museo Policial, que más tarde fue trasladado. En la actualidad, ocupa ese espacio la Secretaría de Educación de la provincia.
El militar, hoy retirado, Luis Edgardo Ocaranza estuvo a cargo de La Jefatura entre mayo y diciembre de 1977. Nunca pudo ser juzgado por su actuación, ya que se amparó en la derogada Ley de Punto Final. De todos modos, hace pocas semanas, Ocaranza volvió a ser noticia al conocerse su cargo como asesor del actual Gabinete del Ministerio de Economía de Tucumán. Luego de las denuncias realizadas por organismos de Derechos Humanos, Ocaranza renunció a su cargo: “Agobio moral”, fue su única explicación.
