Miles de personas se convocaron este miércoles en la plaza San Martín, frente a la Sede de Gobernación, para exigir la libertad de los militantes gremiales detenidos y el inmediato cese de todo acto de amedrentamiento y persecución a activistas y organizaciones

Sindicatos, fuerzas políticas y movimientos sociales se convocaron en la tarde de este miércoles frente a la Sede de Gobernación para exigir la inmediata libertad de los activistas detenidos. Más de 7 mil personas reclamaron un paro general provincial contra la persecución, y apuntaron directamente al gobierno de Maximiliano Pullaro por detenciones y allanamientos a domicilios de militantes y dirigentes sindicales, los primeros en 40 años de democracia por causas gremiales.

Las organizaciones sindicales se sorprendieron con la virulencia de los operativos, que se descargaron sobre domicilios con violencia destructiva sin previa citación a declarar ni notificación de ninguna especie, lo que consideraron un claro gesto de amedrentamiento. De inmediato reaccionando convocando a la concentración que dio muestra en la calle de que la solidaridad entre espacios gremiales y sociales es un activo aceitado y presente: estatales de ATE, docentes de Amsafé y Sadop, el Sindicato de Prensa, La Bancaria, Municipales, Soeme y otros gremios de la Insertindical Rosario y la CTA; la Corriente Clasista y Combativa, entre otros, acudieron con sus banderas junto agrupaciones estudiantiles universitarias, la Federación de Estudiantes Secundarios (Feser), espacios políticos como el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero, Ciudad Futura, organizaciones del peronismo, en un entramado mucho mayor.

Fuera de micrófono, hacia el interior de los gremios consideran que los operativos policiales, ordenados por la fiscal de Santa Fe María Laura Urquiza, no están determinados por la investigación y sanción de conductas delictivas, sino que se trata de una estrategia del gobierno de Pullaro para doblegar resistencias a sus políticas. Sostienen que la funcionaria judicial, que imputó al ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín y al fiscal Matías Edery –entre otros casos– integra el sector judicial en que hace pie el gobernador. “Es la primera vez en 40 años de democracia que en Santa Fe entran rompiendo puertas para llevarse detenidos a dirigentes sindicales”, ponen de relieve para marcar la gravedad de la situación, que remonta a los estallidos sociales de 1989 y 2001 y su sangrienta represión, ahora sin saqueos.

Y recordaron que, precisamente a partir de las reformas impulsadas por la gestión de Unidos, ahora las órdenes de allanamiento no dependen de la firma de un juez –como antes– sino que pueden ser dispuestas directamente desde Fiscalía, sin contralor. Y, como quedó en evidencia, sin citación previa para comparecer, y fuera de toda situación de flagrancia.

Los detalles de la investigación recién se conocerán en la mañana de este jueves, ya que todo se mantuvo bajo estricta reserva, lo que también generó impacto entre quienes acudieron este miércoles a la movilización frente a Gobernación.

Los temores se acrecientan por igual entre quienes tienen ya experiencia sindical y quienes recién se asoman a la militancia estudiantil por hechos recientes que volvieron a transmutar al plano físico la profusión de frases de singular violencia en redes sociales, proferidas desde perfiles de ostensible encolumnamiento con La Libertad Avanza o las expresiones más extremistas del PRO. Quienes replican –o programan– los discursos de odio un año atrás denunciaban una supuesta “campaña del miedo”; ahora la ejecutan.

Pero la reacción inmediata que tuvo lugar este miércoles en la plaza San Martín expresa que no hay voluntad colectiva de dejarse atropellar a pesar de lógicas temores individuales. De hecho, antes del final de la concentración, convocada para las 17 y con multitudinaria respuesta, centenares de estudiantes, con banderas de Tupac y el Frente Santiago Pampillón, entre otras, se sumaron a la concentración tras una masiva asamblea en la puerta de la Facultad de Humanidades y Arte.

La imputación a dirigentes sindicales será este jueves 

Los cinco gremialistas detenidos serán trasladados esta tarde a la capital provincial donde esperarán privados de la libertad hasta este jueves a las 9.30 cuando se lleve a cabo la audiencia imputativa por los delitos de daño calificado y obstrucción de la realización de la sesión que se hizo en la Legislatura el 12 de septiembre cuando se debatía la reforma del sistema previsional. 

Los trabajadores pertenecen en su mayoría a Amsafe y Ate Rosario por lo que sus referentes están en estado de alerta por lo que consideran una avanzada en la criminalización de la protesta y en la persecución a quienes luchan por mejores condiciones laborales.

Representantes de Amsafe, Ate Rosario y Ctera se concentraron cerca del mediodía de este miércoles para saber cuál era la situación de los trabajadores detenidos en las últimas horas luego de los siete allanamientos en unas de las puertas de ingreso de la Policía de Investigaciones (PDI), de Las Heras y Olegario Andrade.

Los apresados son Maximiliano Molina, de ATE Rosario y CTA nacional, y hermano de Lorena Almirón, secretaria general de ATE. Además, están los dos docentes e integrantes de la comisión directiva de Amsafé Rosario, Román González y Franco Casasola junto a Diego del Castillo, delegado de escuelas de Granadero Baigorria e Ybarlucea. El quinto es Daniel Vázquez, quien fue apresado en el departamento General López e identificado como un trabajador precarizado del área de Niñez que fue despedido recientemente. Este último, fue trasladado a la sede de la PDI Rosario para luego entre las 17 y 18 ser llevado junto a los otros cuatro a la ciudad de Santa Fe.   

Horas antes, familiares pudieron entrar para dialogar y llevarles agua mientras un equipo de abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) se presentó para interiorizarse de la causa. 

Julia Giordano, una de las letradas de la Apdh, explicó en diálogo con El Ciudadano que la causa que está a cargo de la fiscal de Santa Fe María Laura Urquiza por los delitos de daños calificados y obstrucción de la realización de la sesión que se hizo en la Legislatura a mediados de septiembre en los que hubo incidentes que derivaron en la rotura de la puerta principal. 

Fuente: El Ciudadano