El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura difundió “La privación de la libertad en el ámbito policial. Alcance y dimensiones del fenómeno”, en el que brinda información sistematizada de todos los establecimientos policiales del país. Allí se da cuenta que la población detenida en comisarías está creciendo, ya que entre 2016 y 2022 el encierro penitenciario aumentó un 37%, mientras que el alojamiento policial lo hizo en un 144%. Al 31 de diciembre de 2022 había 13.252 personas alojadas en comisarías, lo que representan un 68,7% de sobrepoblación.
El promedio es de casi 17 personas en lugares preparados para alojar a 10. Desde el Comité señalan que, a diferencia de las cárceles, en las comisarías hay mayor rotación de persona, ya que con mayor frecuencia hay detenciones que no reúnen los requisitos para avanzar en procesamientos; o sea que a las detenciones prolongadas se les suma el mayor flujo de población.
El Comité afirma que, al igual que ocurre en otros países de la región, Argentina posee sobrepoblación carcelaria, es decir que cuenta con personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento declarada por las agencias de custodia y seguridad.
“Entre las múltiples vulneraciones de derechos fundamentales producidas por esta situación, en nuestro país se destaca una derivación particular. Ante la falta de espacios y el aumento incesante del encarcelamiento, en numerosas jurisdicciones las personas son alojadas en comisarías y otros destacamentos de las policías locales, en ocasiones por períodos prolongados. Algunas, inclusive, permanecen durante años y hasta cumplen su condena alojadas allí. Distintos organismos internacionales de derechos humanos y órganos judiciales locales han señalado que los establecimientos policiales tienen por objeto principal funcionar como lugar de custodia de las personas luego de su arresto, de aquellas que se encuentran a la espera de la medida a dictar por el órgano judicial interviniente o durante los primeros momentos tras el cumplimiento de una orden de detención. Han enfatizado que se trata de espacios diseñados para estadías transitorias no superiores a las 72 horas, ya que no cuentan con infraestructura, servicios, tratamiento ni personal idóneo para permanencias extendidas. En contraste con estos señalamientos y lo propuesto por los estándares nacionales e internacionales, el alojamiento prolongado de personas en sedes policiales es una práctica habitual y extendida en una porción importante del territorio nacional”, explican.
Según la información reunida por el Comité en su último informe en 2022 había 13.252 personas privadas de libertad en establecimientos policiales que, en conjunto, contaban con 7854 plazas de alojamiento. Es decir que, al igual que los carcelarios, los establecimientos policiales del país también están colapsados. Se registraron hasta fines de diciembre de 2022 un 68,7% de sobrepoblación.
En este sentido, advierten que uno de los puntos más sensibles tiene que ver con los plazos de permanencia: A la fecha consultada, la media nacional era de 184 días de alojamiento, es decir que, en promedio, las personas llevaban detenidas casi seis meses en sede policial. El dato no es representativo de todas las provincias. Mientras algunas informan que logran cumplir con la exigida transitoriedad de estos espacios, en otros casos más extremos las permanencias policiales se prolongan por más de un año y medio. Incluso, en ocasiones son el lugar en el que se cumple la totalidad de la condena. Esto sucede sobre todo en los casos de personas que poseen penas relativamente cortas –por lo general, por delitos leves, de escasa o nula violencia– que, debido al colapso del encierro, las cumplen en espacios que poseen condiciones que agravan de manera notable su experiencia”.
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