El Tribunal resolvió absolver a las oficiales Margarita Gutierrez, Sandra Rivarola y Susana Rodriguez, que se encontraban de guardia el día del incendio por los delitos de apremios ilegales y abandono de persona, por el beneficio de la duda; y la Jefa de la Brigada de Concepción, María Fernanda Lazarte, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las querellas adelantaron que apelarán el fallo. El incendio ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán, durante una protesta en la que las mujeres alojadas reclamaban por las malas condiciones de detención.
Las víctimas del incendio fueron Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas, tenían entre 23 y 26 años, y dos de ellas eran madres con sus hijas menores a cargo. Murieron por asfixia encerradas en una celda. Tanto ellas como sus familiares habían denunciado las malas condiciones de detención: Se encontraban hacinadas, con mala alimentación y con recorte del régimen de visitas.
A fines de marzo de este comenzó el juicio contra las cuatro policías acusadas de la muerte de las jóvenes. Luego de 5 días de debate, el Tribunal, conformado por las juezas Cecilia Tasquer y Elena Grellet y el juez Rodrigo Martearena, resolvió absolver a las imputadas. Además, los magistrados exhortaron al estado provincial a implementar políticas públicas que garanticen seguridad y condiciones dignas de alojamiento para las personas privadas de libertad.
Desde ANDHES (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), representantes de la querella particular por la familia de Macarena Salinas, adelantaron que apelarán el fallo. Sostienen que durante todo el debate se pudo comprobar que las víctimas recibían malos tratos y torturas por parte de las oficiales condenadas y que no hubo una adecuada intervención durante el incendio que derivó en la muerte de las jóvenes. Consideran que también quedó demostrado que las malas condiciones de alojamiento en la Brigada, al igual que en todas las dependencias policiales, operaron como factor de riesgo inminente.
“Las muertes de Rocío, Yanet, María José y Macarena, provocadas por la violencia institucional sistemática y por la vulneración estructural de derechos del estado no pueden quedar impunes, porque de esta manera la justicia habilita estas prácticas ilegales y pone en riesgo a la totalidad de las personas privadas de libertad. También vamos a reiterar el pedido a la justicia para que se exhorte al estado provincial a mejorar las condiciones edilicias, de seguridad, salubridad, alimentación e higiene en las comisarías y centros de detención a cesar el uso ilegal de las comisarías como lugares de alojamiento permanente de personas privadas de libertad, a capacitar a todo el personal a cargo del cuidado de personas detenidas en la debida actuación en situación de incendio, con perspectiva de género y a priorizar el acceso a medidas privativas de libertad en modalidad domiciliaria para mujeres a cargo de niñas y niños”, agregaron desde ANDHES.
