Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 18% de las personas sometidas a proceso se encuentra detenida, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario. Expresan que las demoras en el avance de estas causas se producen en la etapa recursiva, lo que implica que menos de la mitad de las sentencias se encuentre firme. En tanto, hay 62 causas en condiciones de iniciar el debate, pero solo 3 tienen fecha de inicio.

En su informe anual, con datos actualizados al 6 de diciembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad destaca que desde 2006 se juzgó a 1357 personas, de las cuales 1173 resultaron condenadas y 184 absueltas, en 316 sentencias.

En el informe se refiere además que en estos 17 años de juicios fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal para su investigación 3744 personas y que actualmente hay 685 causas en trámite. En tal sentido, se indica que “continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas”. Agrega que “hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal”.

Del total de personas que están bajo investigación, 1485 (40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas.

En cuanto a la modalidad de detención, el 77% está bajo arresto domiciliario; el 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales; y casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que por estar dentro de un predio con custodia castrense para la Procuraduría no es un lugar de detención penitenciario.

“Los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, afirman desde la Procuraduría, ya que 387 de las 1173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme.

En tanto, se registran 36 prófugos en causas en trámite en diferentes jurisdicciones: 10 fueron ubicados en el exterior pero los países donde se encuentran han denegado su extradición; 5 fueron localizados pero aún no fueron extraditados; 1 se encuentra en proceso de extradición; y de 20 se desconoce su paradero.

Durante 2023, tribunales de todo el país dictaron sentencia respecto de 72 personas acusadas, 56 de los/as cuales fueron condenados/as. Respecto al año pasado, es un número superior, ya que en 2022 se habían registrado 65 personas sentenciadas, aunque los/as condenados/as fueron 58.

En 2023 se iniciaron 26 juicios orales, de los cuales 13 continúan en curso. En tanto, 62 causas tienen dictada la elevación a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate.

Por otro lado, 115 de las 316 sentencias dictadas desde 2006 se encuentran firmes. En tanto, 171 sentencias, el 54%, posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia.

El promedio general de tiempo de tramitación desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte es de 5 años y 9 meses. En el año en curso el promedio se acrecentó en 6 meses respecto de 2022. Pasan 4 meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación: transcurren 2 años y 3 meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y 3 años y 9 meses pasan entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Casación revisó durante 2023 unas 24 sentencias definitivas, de las cuales confirmó 13, en 7 dispuso un reenvío al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia y las restantes 4 corresponden a revisiones de segundas y terceras sentencias, luego de haber sido reenviadas al tribunal de origen.

“Los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, puesto que 387 de las 1173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme. “Se observa que, del universo de condenados/as, 270 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 26 (14%) en el caso de los/as absueltos/as”, detalla.

Finalmente, en el informe se remarca que, si bien se ha registrado una constante en la cantidad de pronunciamientos dictados año a año que incluyen como delitos autónomos las distintas formas de la violencia sexual, continúa siendo un 16% las sentencias que abordan de esta forma aquellos crímenes. En este sentido, de las 316 dictadas desde 2006, 51 contemplan delitos por violencia sexual que damnificaron a 238 víctimas (201 mujeres y 37 varones).