El dato surge del informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Allí se da cuenta además que desde la reapertura de los procesos en 2006, se dictaron 294 sentencias en tribunales de todo el país, fueron condenadas 1117 genocidas y 168 absueltos.

De acuerdo con el análisis de la Procuraduría, los datos del año en curso revelan que el tiempo de tramitación de las causas en la etapa de instrucción se mantiene estable, mientras que en la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior (21 contra 20).

“Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene el informe.

Por otro lado, pone de relieve que, en relación con las personas juzgadas, se observa que continúa la tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016.

Del universo total de personas bajo investigación, 1506 permanecen en libertad y 717 detenidas, de las cuales el 77% se encuentra con arresto domiciliario. El 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.

El 15% (108) se encuentra detenido en dependencias de los servicios penitenciarios Federal o provinciales. Unas 60 personas se encuentran detenidas en dependencias de fuerzas armadas o de seguridad, o en el Hospital Miltiar. De ellas, 53 lo hacen en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo.

En la actualidad, hay 643 causas en trámite en las que son investigadas -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3640 personas.

Durante 2022 tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias: 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y Comisaría de Ramos Mejía), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, mega causa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.

Durante 2022, y hasta el cierre del informe (con fecha 5 de diciembre), se iniciaron 18 juicios orales, 8 continúan con el debate en curso, y 10 obtuvieron sentencia.

A su vez, existen 349 causas registradas en las que aún no se ha dictado sentencia y en las que el estado de la investigación se encuentra en distintas fases. La más avanzada corresponde a las 12 que se encontraban en juicio (incluye procesos iniciados antes de 2022) al cierre del informe en la etapa de debate oral o de plenario. En tanto, 275 se encuentran en instrucción y en 62 se encuentra dispuesta la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023 y 56 aún esperan fijación de juicio.

Desde la Procuración, afirman que estos datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye el mayor volumen de causas, representando el 43% del total”, dado que “la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe”. Otro dato que subrayan en el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado el año pasado.

En cuanto a las 294 causas en las que se ha dictado sentencia, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso.

Por otro lado, el 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual, hechos que tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.

En 2022 hubo 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas: “Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021 (74). Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020”, dicen desde la Procuración.

Advierten además que continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia, ya que 482 se encuentran procesadas, 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas. En tanto, unas 558 personas tienen pedido de indagatoria sin que esta se haya concretado.

Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura.

Las instancias recursivas
De las 294 sentencias dictadas 83 se encuentran firmes: 69 fueron mediante resoluciones dictadas por la Corte a raíz de la presentación de recursos extraordinarios; 11 ante la Cámara Federal de Casación por no haber sido recurridas en la instancia superior; y 3 dictadas por tribunales orales, por no haberse interpuesto recursos. En este marco, 182 sentencias aún poseen alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia para al menos una de las personas sentenciadas.

De acuerdo con el relevamiento, el promedio de tiempo que insume llegar a un veredicto desde la elevación a juicio es de 2 años y 3 meses, mientras que es de 3 años entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema. De tal forma, actualmente es de 5 años y 3 meses el promedio de tiempo transcurrido entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo del máximo tribunal de aquellas causas que ya se encuentran firmes.

“Espiral recursivo”
Al analizar las demoras en la etapa recursiva, la Procuración elaboró cuatro categorías para clasificar las decisiones adoptadas por la Cámara Federal de Casación en las 136 causas (la mayoría de ellas con más de un imputado). En un 43% (59) la Cámara Federal de Casación ordenó el reenvío de la causa al tribunal oral, una disminución del 10% respecto del año pasado, cuando se registró un 53%.

Las causas que aún no se encuentran firmes y que tienen al menos un reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación demoran siete años, mientras que las causas que ya se encuentran firmes y no tuvieron reenvío registran 4 años y 4 meses.

“Este fenómeno caracterizado por el regreso de la causa a una instancia inferior para que se dicte un nuevo pronunciamiento que otra vez deba ser revisado fue conceptuado por la PCCH como ‘espiral recursivo’. Esta particularidad fue advertida en los informes anuales de 2019 y 2020, y continúa hoy. ‘Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento’, advierte. En este contexto, de las 59 causas que la Cámara Federal de Casación reenvió al tribunal de origen una sola se encuentra firme. Si el foco se pone en las personas y no en las causas, la estadística revela que son 335 las personas condenadas con al menos una sentencia firme y 33 las absueltas. Ambos universos representan respectivamente el 30% y el 20% del total en cada caso”.

Se observa además que del universo de condenados/as, 249 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme y en el caso de los/as absueltos/as fueron 24 (14%).

De acuerdo con el relevamiento, en la Corte Suprema actualmente existen al menos 55 recursos pendientes de resolución que involucran a 101 personas en 29 causas.