Desde la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron que dos agentes de la policía bonaerense vestidos de civil, y sin identificación, sacaron gran cantidad de fotografías a la familia Verón y las personas que los acompañaban, durante la audiencia del juicio en el que condenaron a dos policías por el homicidio del joven y la tentativa contra su amigo.
Advirtieron que se trata de una práctica ilegal que, además de no tener justificación, fue realizada dentro del predio de la Universidad Nacional de La Matanza donde la policía bonaerense no tiene permitido el ingreso ni la intervención.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM denunció penalmente lo sucedido ante la justicia y requirió con urgencia al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el cese de estas prácticas policiales y la sanción de los responsables.
El hecho ocurrió durante la audiencia del juicio oral por el asesinato de Lucas Verón ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza que se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional. Dos hombres tomaron fotografías a las personas que asistían a la audiencia, principalmente a familiares y amigos de Lucas Verón.
Uno de los abogados del equipo de la CPM, que actuó como querellante en el proceso, advirtió la situación y les pidió que se identifiquen e informen el motivo de su presencia. Finalmente confirmaron ser efectivos de la Comisaría Primera de San Justo que llevaban adelante esa tarea por órdenes superiores.
“Entendemos que la realización de tareas de inteligencia ilegal, en el marco de un juicio en el que se investiga la responsabilidad penal de agentes policiales por un caso de ‘gatillo fácil’constituye una acción intimidatoria, amenazante y por fuera de la normativa vigente en la materia, y debe ser denunciada”, dijeron desde la CPM al presentar un escrito ante la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
En este sentido, solicitaron que se requiera al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe si existió alguna orden judicial para disponer la presencia de esos efectivos en el lugar, el registro fotográfico de los concurrentes y cualquier otra información referida a los hechos.
Cabe recordar que cualquier acción de inteligencia criminal desplegada por la policía debe estar avalada por órdenes judiciales fundadas y está prohibida la inteligencia por razones políticas, sociales o de otro orden.
Además, la CPM denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y requirió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la adopción de medidas urgentes para prohibir estas acciones de parte del personal policial.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.




