Organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión del Estado convocan a una concentración el próximo jueves 18, a las 11 hs., en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). El objetivo de la actividad es denunciar las irregularidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el establecimiento penitenciario número 9 y el Centro Psíquico Asistencial.

“Dicen que en estas instituciones deben velar por la integridad de las personas, y no condenarlas a muerte”, expresan desde la organización. Y agregan: “Nos cuesta a veces hasta varios días conocer el paradero de las personas detenidas cuando son alojadas en este lugar y luego los encontramos golpeados, hacinados y hasta en el peor de los casos, en el hospital Misericordia heridos de muerte. Estas acciones son desapariciones en democracia, el Estado es responsable desde el momento que la policía aprehende a una persona”.

Este reclamo se origina a raíz de una serie de episodios ocurridos en la UCA, que demuestran la violencia sistemática y las irregularidades que tienen lugar allí.

Tal es el caso de Ezequiel Castro, de 21 años, que fue detenido en junio de este año y alojado en el Centro Psíquico Asistencial. Luego de 3 días, a pesar de tener la orden de libertad, un policía lo ingresa al hospital Misericordia prácticamente agonizando. Allí, le dijo a los médicos que hacía 2 días que no le daban agua y lo estaban torturando. Finalmente murió el 14 de junio.

or otra parte, en febrero, Luis Alberto Santacruz tuvo una crisis nerviosa, fue aislado para su supuesta contención y a las 2 horas lo encontraron ahorcado con una cadena. Las organizaciones y sus allegadxs se preguntan, ¿de dónde obtuvo la cadena? ¿Nadie lo estaba cuidando?

En septiembre de 2021, Maximiliano Miranda ingresó a la UCA con tres heridas de bala. A pesar del reiterado reclamo y pedido de ayuda de los otros detenidos, no recibió la atención médica necesaria y falleció.

Además, en el año 2013 en la UCA apareció “suicidado” Roberto Agustín Irusta, luego de padecer distintas torturas y tratos inhumanos de parte del servicio penitenciario.

En el 2019 el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) intimó al Estado argentino a llevar adelante todas las acciones necesarias para investigar, juzgar y reparar el asesinato de Roberto Irusta. A pesar de esta condena de la ONU, el servicio penitenciario continúa impune: nadie fue sentado en el banquillo de los acusados. Una muestra la convivencia del poder judicial y policial con las prácticas de tortura.

Al mismo tiempo, el informe Anual a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo ha constado dispositivos de tortura y castigo tales como camas de sujeción, el barquito, aislamiento extremo, ausencia de medicamentos en casos de personas en tratamiento, violencia de genero hacia mujeres y personas lgbtttiq+, restricción en el regimen de visitas a menores de edad y el deterioro de las condiciones de habitabilidad en los diferentes espacios de encierro de la provincia.

En este marco, las organizaciones y familiares exigen que se garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad, quienes son “golpeadas, torturadas, maltratadas e incluso asesinadas”.

A su vez, piden conocer en qué marco se dan las internaciones en el CPA, bajo qué criterios internan a las personas allí, que se informe cuántos días deberían estar en dicho lugar, qué tratamiento reciben y si estos se adecuan a lo establecido por las leyes de Salud Mental Provincial y Nacional, quiénes supervisan estas intervenciones y bajo qué responsables ocurre lo que allí sucede.“Exigimos saber qué acciones están llevando adelante desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Julian Lopez, el Secretario de derechos Humanos, Calixto Angulo y la Secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Antonia Lanzarotti, para que estos asesinatos no continúen y para que se acaben estos tratos inhumanos”, indican.

Esta actividad se realiza en el marco de la próxima Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el viernes 26 de agosto, por octavo año consecutivo, para exigir justicia por todas las víctimas de la represión estatal y señalar la responsabilidad del Estado y de los gobiernos.

Contacto de prensa: Romina Ludueña +54 9 3513 23-1367

Imágenes: Cobertura Colaborativa Marcha Contra el Gatillo Fácil