Organismos de Derechos Humanos manifestaron su rechazo a la decisión de distintos jueces de ordenar este beneficio para represores condenados por delitos de lesa humanidad como Miguel Etchecolatz, Luis Firpo y Mario Ocampo. En el caso de Etchecolatz, la Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria en relación al expediente por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años acribillado a metros de Plaza Moreno de La Plata en septiembre de 1976, siguiendo una sugerencia del Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, la medida no se hará efectiva porque el genocida tiene otras causas con prisión preventiva.
Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos repudiaron el acciones de los jueces de la Sala II de Casación Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma a favor de los genocidas: “Miguel Osvaldo Etchecolatz tiene 9 sentencias a prisión perpetua, actualmente sigue siendo Juzgado en otras causas. Fue uno de los principales responsables del circuito Camps. Amenazó a nuestro compañero Jorge Julio López antes de su secuestro, sigue guardando silencio sobre el destino de todas sus víctimas, incluyendo a Clara Anahi Mariani a quien seguimos buscando”, afirman.
En tanto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos señalan que “el genocida Etchecolatz debe cumplir su condena en cárcel común”: “La decisión del Poder Judicial de beneficiar a un genocida confeso, nueve veces condenado a perpetua y símbolo del terrorismo de Estado como lo es Miguel Etchecolatz, es toda una provocación no sólo a las víctimas y sus familiares, sino también al movimiento de derechos humanos y la sociedad toda (…). Nuestra posición en el caso de Miguel Etchecolatz es histórica y permanente: debe cumplir su condena en cárcel común. Ante reiterados intentos, la movilización popular de todo un pueblo que intenta vivir con dignidad, los devolvió a la cárcel”, agregan desde la APDH.
“Situaciones similiares que se repiten en diferentes puntos del país han logrado revertirse en algunos casos” pero “es una posibilidad que no deberíamos tener que afrontar, la de un Poder Judicial que parece deslegitimar una lucha de más de 40 años”, finalizan.
Consultada por Canal Abierto Radio,. La abogada en juicios de lesa humanidad Guadalupe Godoy afirmó que el beneficio otorgado a Etchecolatz trasciende porque se trata de él, pero es una situación que sucede todo el tiempo: “Sabemos que estamos corriendo una carrera contra el tiempo y lo que sucede es que los defensores de los genocidas piden prisiones domiciliarias basándose en cuestiones de salud (…). Con esta causa pasó que en septiembre del año pasado la Unidad 34 dijo que no estaba en condiciones, algo que después rectificó, y Casación aprovechó la circunstancia y basado en ese informe lanzó esta medida (…). Los organismos hemos peleado cuando hay otorgamiento de prisiones domiciliarias que tienen que ver realmente con dar privilegios que no se los darían a quienes están detenidos por causas comunes”.
“Por otra parte, cuando entramos en márgenes de salud y el sistema penitenciario no está preparado para atenderlos entramos en otra complejidad. Lo digo porque es muy simple poner la responsabilidad exclusivamente en el Poder Judicial pero también hay que ver qué otros factores están jugando, y acá hay una responsabilidad de quienes llevan adelante el servicio penitenciario que dieron esa respuesta habilitando a Casación a que tome esta medida (…). El tema es cómo se cubren las condiciones necesarias para que estas personas cumplan su condena en la cárcel. En Campo de Mayo, donde los mandó Mauricio Macri, están en condiciones excelentes y ahora Etchecolatz está internado en una clínica privada de Merlo porque cuando hay una patología que no se puede atender dentro de la unidad se los lleva ahí, remarcó la abogada al tiempo que aseguró: “A15 años de iniciados los juicios esto sucede todo el tiempo, este caso trasciende porque es él”.
