La represión a los cartoneros venía gestándose desde hace casi un mes. Esta acción deja en claro la intención del gobierno macrista de hacer oídos sordos a las exigencias populares por una vida realmente digna en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Olivier Reboursin-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- En la madrugada del pasado viernes 22, efectivos de la Comisaría 33º Policía Federal desalojaron violentamente a una centena de cartoneros que acampaban en la zona de Barrancas de Belgrano.
Su permanencia en ese lugar se inició en diciembre del año pasado a raíz de que la empresa ferroviaria privatizada TBA dispuso el desguace del denominado "Tren blanco" que servía de transporte a quienes, como producto de la economía neoliberal, el desempleo y la marginalización, se vieron obligados en los últimos tiempos a buscar en la basura ajena un modo de sustento.
El operativo policial, dispuesto en virtud de una resolución administrativa firmada por un funcionario de segundo rango del gobierno macrista, implicó la detención arbitraria e ilegal de nueve personas, -dos de ellas menores de edad, otros seis cartoneros y un asambleísta que apoyaba el reclamo- y golpes notorios en los cuerpos no solo de los detenidos, sino de varios de los que reclamaban la reapertura del servicio del tren.
La rápida acción de abogados de distintos organismos tales como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asociación Profesionales en Lucha (APEL), Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); de organizaciones cartoneras como la Cámara de Microemprendedores; legisladores del ARI y de Movimiento por Bs. As y de organizaciones políticas de izquierda permitieron liberar en la tarde a la mayoría de los detenidos.
Historia de una persecución
Ya en la noche del 29 de enero en Pampa y la vía, se había iniciado un impresionante despliegue de vehículos del gobierno de la Ciudad, que juntamente con miembros de la Policía Federal y Defensa Civil buscaron desalojar la esquina pacíficamente ocupada por alrededor de veinte familias a la espera de respuestas a sus justas exigencias.
Al igual que en el operativo llevado a cabo en Plaza Noruega, los funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos Gustavo Grasso, Responsable de Higiene Urbana, y otros dependientes del área de Promoción Social porteña, buscaron seducir y manipular a los cartoneros para que se retiren.
La negativa de los ciudadanos a abandonar el espacio sin una respuesta concreta, hizo que algunos de los funcionarios amenazaran no solo a éste grupo sino también a una decena de vecinos autoconvocados, asegurándoles que serían responsables de una represión posterior. La represión con saña, y sin ningún sustento jurídico si quiera formal, se desató entonces poco más de veinte días después.
El procedimiento llevado a cabo por la Comisaría 33º tuvo como único fundamento la orden previa del empresario Juan Pablo Picardo, a cargo actualmente del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño. El funcionario es un ex rugbier que supo ser gerente general de la cervecera Isenbeck y a quien las actuales autoridades de la compañía denunciaron por el presunto delito de administración fraudulenta.
Pese a los intentos del macrismo de involucrar a los órganos jurisdiccionales en la política declarada de que "el espacio público no se negocia", tal como habían anticipado la vicejefa de Gobierno Gabriela Micchetti y el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, ningún juez contravencional ni fiscal de la ciudad estampó su firma como aval de la medida.
Esto último, fue el motivo del rechazo a la acción represiva por parte de cartoneros y vecinos que ante la inexistencia de orden judicial se opusieron a ser desalojados. Los abogados de la Liga por su parte, calificaron el accionar de funcionarios y policías como "una gravísima falta institucional contraria a toda norma de derecho nacional y local y un terrible arbitrariedad dispuesta una vez más para con los más desprotegidos".
La acción solidaria
Los vecinos autoconvocados del barrio venían trabajando desde hace meses en apoyo de los cartoneros reclamando la reposición del "tren blanco" asegurando que "algunos ya probaron el sistema de los camiones que ofrece TBA y lo definen como una trampa que no sirve" explicó María Ghitman, ex integrante de la Asamblea Popular Plaza Noruega.
En la mañana del viernes 22, los vecinos estuvieron una vez más resistiendo junto a los cartoneros y eso hizo que uno de ellos, Alejandro Tiscornia, ex miembro de la Asamblea de Saavedra, también resultara detenido.
Los profesionales de la Liga y Apel se hicieron presentes desde el momento mismo del operativo y luego acompañaron a familiares de los detenidos denunciando la arbitrariedad de las detenciones y otras faltas tales como la no información de parte de la Policía al Juzgado acerca de la existencia de menores entre los detenidos, lo que demoró el trabajo en sede judicial y motivó la declaración de incompetencia de parte del Juzgado originalmente designado para entender en relación a los hechos.
La firmeza de militantes y profesionales y la celeridad en cuanto a la acción permitió finalmente la liberación de aquellos detenidos que no poseían antecedentes penales y la denuncia de varias irregularidades, sumando a la ilegalidad del procedimiento, la falacia de la acusación de "atentado y resistencia a la autoridad" esgrimida por los funcionarios policiales y judiciales, expresando que "ni un solo policía ha denunciado estar lesionado, en cambio son los nueve detenidos y varios más que presentan golpes y lesiones entre los reprimidos".
La represión como única solución al conflicto a una centena de personas deja clara la intención del gobierno macrista de hacer oídos sordos a las exigencias populares por una vida realmente digna en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
