Lo hizo el Comité de Prevención de la Tortura de esa provincia al manifestar la preocupación que atraviesa la población que se encuentra alojada en lugares de encierro al no recibir atención médica ante contagios confirmados o la presencia de síntomas graves de Covid-19.

Al inicio de la pandemia, distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos ya habían advertido que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar respuesta. Afirman que efectivamente es lo que está sucediendo en la actualidad, situación a la que se suma el desborde del sistema de salud público general que vive la provincia.

Desde el Comité aseguran que reciben a diario numerosos mensajes de personas privadas de su libertad y de sus familiares que describen las condiciones de detención: “Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades”.

En este sentido, afirman que la situación de la gestión estatal de Mendoza es grave: “Pareciera que el Estado provincial se hace eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia del COVID-19 en las cárceles”.

Señalan que “en apariencias no hay intenciones de un plan integral, específico y serio de atención médica ante la emergencia y tampoco de prevención”, ya que la respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes presentados ha sido el silencio, incluso cuando desde el Comité se pusieron a disposición para trabajar de manera conjunta.

El organismo denuncia además la negligencia e inoperatividad del procurador de Personas Privadas de la Libertad provincial, Luis Romero: “Como militante del partido político actualmente en el gobierno, parece estar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las altas responsabilidades y funciones que le confiere la Ley 8.284”.

“La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas. El Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos/as mismos/as ordenaron. El Ministerio Público Fiscal no pudo comprender en ningún momento que la cuestión siempre fue una situación de emergencia sanitaria, por lo que continuó realizando detenciones, sumó a las habituales las de un nuevo tipo delictual aplicable: violación de las restricciones de circulación, de esta forma la Provincia cuenta con más personas privadas de libertad y nuevos juicios abreviados que sumaron condenas a la población que, ante el encierro por detención, prefiere contar con una fecha cierta a tener que esperar un juicio justo”, detallan desde el Comité y advierten que Mendoza tiene el índice más alto de prisionización.