Lo resolvió esta semana el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por motivos psiquiátricos. El represor, integrante del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, estaba acusado por 47 casos de secuestros y torturas en un debate que lleva más de 2 años de audiencias. “Aún en cuarentena extendida la impunidad biológica hace su trabajo por la tardanza del Estado en condenar a los peores asesinos de nuestra historia”, afirmaron desde HIJOS La Plata.

Reproducimos comunicado de HIJOS La Plata:
El pasado 26 de agosto el TOF 1 platense informó su decisión de suspender la acusación contra el represor Ricardo Armando Fernández en el juicio por el CCD Brigada de Investigaciones de San Justo y disponer su inmediata libertad basándose en estudios realizados por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, de la fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de la querella del Codesedh.

El tribunal informó que las juntas médicas pedidas por la defensa del genocida se realizaron en febrero y agosto de 2019 y determinaron que si bien físicamente “no presenta patologías que obstaculicen la posibilidad de continuar sujeto a juicio”, en la evaluación psiquiátrica se determinó que presenta “un trastorno psico orgánico asociado a un trastorno depresivo de largo tiempo de evolución”, que “impresiona como un cuadro crónico, de evolución irreversible y del cual no se obtendrán mejorías en el futuro. Al momento del presente examen las facultades no encuadran dentro de la normalidad”. En un estudio complementario de marzo de 2020 se constató que “las facultades mentales de Ricardo Armando Fernández al momento del examen no encuadran dentro de parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal”, y que la signosintomatología consignada no emerge como simulada.”

Además se dispuso la realización de informes médicos semestrales para detectar si el reo “ha recuperado su capacidad de ser sometido a juicio” y “el carácter reversible o no de la patología que lo afecta”.

Fernández estuvo activo en el Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata entre junio del ´75 y diciembre del ’77, y como tal fue parte de la Central de Reunión del 101 y luego integró uno de sus Grupos Operativos Especiales. El genocida fue condenado a perpetua en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014 y como la mayoría de los represores de la causa San Justo, y los represores procesados o condenados en todo el país, cumple detención domiciliaria, en este caso en su casa de Soler Nº 3210, depto. 3° “B” en CABA. En octubre de 2019 Fernández fue indagado por videoconferencia desde los tribunales de Comodoro Py en el debate oral del que ahora se lo desvincula. Allí puso en escena un paso de comedia: se presentó en silla de ruedas y al preguntársele si iba a declarar dijo “¡Sí!”. “¿Y qué quiere decir?” reclamó el juez Alejandro Esmoris. “No sé, ¿qué quiere decir usted” devolvió casi como una humorada. “¿Usted integró el Destacamento 101 de La Plata?”, preguntó Esmoris con poca paciencia. “La Plata, si”, dijo entre balbuceos. “¿Y de quién dependía la Brigada de San Justo?”, insistió el magistrado. “No sé, si usted no lo sabe”, se desentendió Fernández al borde de la tomada de pelo. Entonces intervino el abogado de Fernández, el esmerado defensor oficial Adriano Liva, que le recomendó no seguir declarando y reiteró planteos anteriormente realizados sobre pedidos para apartar al represor del juicio porque tendría una “afectación severa de su cognición” que le impediría “mantener una conversación coherente”. Por aquel entonces el tribunal decidió continuar adelante con la acusación porque no encontraba una incapacidad determinada pericialmente.

Es importante concebir que si el represor Fernández es incapaz de ser juzgado por haber llegado senil al año 2020 es por exclusiva responsabilidad del Estado argentino, que tardó 44 años en juzgarlo por los crímenes de lesa humanidad que cometió como integrante de un cuerpo militar de Inteligencia durante la última dictadura. Y la justicia federal senil es responsable.

Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

La seguidilla de represores apartados por motivos de salud y muertos impunes seguirá creciendo si la realización de los juicios se sigue estirando. A esto se suma la continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización en un contexto como la actual pandemia del Covid-19, que han sido un parte aguas en la concepción del acto de justicia que significan estos debates. No se puede estirar más los procesos porque los imputados se mueren impunes o se ponen seniles, y además porque muchas de las víctimas, sobreviviente sus familiares también van quedando en el camino sin tener un mínimo de reparación de parte del Estado argentino. Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

HIJOS LA PLATA