La causa unificada por los delitos de lesa humanidad cometidos en esos centros clandestinos de detención fue elevada hace más de cinco años, y a la postergación del inicio de las audiencias previsto para el 5 de mayo pasado se sumó hace pocos días la renuncia de Eduardo Farah, uno de los jueces subrogantes en el TOF 1 de La Plata. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Buenos Aires – Eduardo Farah es integrante del TOF 2 de San Martín y uno de los magistrados subrogantes designados en el TOF 1 de La Plata para llevar adelante este juicio.
En una audiencia preliminar realizada en diciembre pasado, Farah había intentado que el juicio se realizara en San Martín o, en su defecto, en La Plata, pero con la presencia física de uno solo de los jueces, mientras los dos restantes participarían de forma virtual. El pedido no prosperó y se dictaminó como fecha de inicio el 5 de mayo, pero ante las dificultades técnicas y operativas que surgieron ante la feria judicial y el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia el debate se volvió a postergar.
En los últimos días se sumó el pedido de Farah, mediante una cédula de notificación remitida al TOF 1 de La Plata que debía integrar, de excusarse ante un cuadro de salud de su madre que requiere acompañamiento diario y contención.
“La cercanía de mis domicilios (particular y laboral) con la institución donde ella está internada me permite cumplir tanto mis obligaciones funcionales como mis deberes de hijo (…) Ahora bien, la inminente fijación de audiencia de debate en las presentes actuaciones (…), que por la entidad de los hechos, la cantidad de partes y el número de testigos convocados es previsible que su realización demande un prolongado lapso de tiempo, con la inherente concurrencia a esa jurisdicción, me coloca en una situación en la que, para cumplir debidamente esa labor específica, debiera retacear significativamente mi concurrencia al lugar de internación de mi madre, y con ello mi contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma me reclama”, expresó el magistrado.
El pedido fue aceptado por los jueces, también subrogantes del TOF 1 de La Plata, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. Ahora es el Tribunal Federal de Casación Penal quien debe designar el reemplazo de Farah, pero no existen plazos máximos para la conclusión del trámite.
Al respecto, se pronunciaron desde HIJOS La Plata: “Las excusas de Farah ni siquiera cuadran en los motivos formales que establece el código Procesal para que los jueces se inhiban, ya que el artículo 55 plantea como motivos válidos dee inhibición haber intervenido previamente en el expediente, tener parientes o afines con interés en el proceso, tener enemistad o querellas previas con alguna de las partes, sufrir un juicio político, haber cometido prevaricato o haber recibido dádivas de los imputados. Venditti y Rodríguez Eggers saltaron ese escollo argumentando que ‘si bien es cierto que este tipo de situaciones no se encuentra comprendidas expresamente entre las causales previstas por el art. 55 del ordenamiento de rito, lo cierto es que la procedencia del instituto debe ser interpretada en forma amplia de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación’. Así privilegiaron las ‘apreciaciones de índole subjetiva que, valoradas conforme a la lógica y la prudencia, dan cuenta de cierta afectación en la función del juzgador’, lo que ‘contribuirá a una mejor y más pronta administración de justicia’”.
Guadalupe Godoy, abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Unión por los Derechos Humanos, también consideró como un gran retroceso la situación: “No entendemos que pasó con Farah, pero ya habíamos visto en los jueces poca voluntad de poner el cuerpo a este juicio. Ahora su reemplazo depende de Casación y no hay plazos para ese trámite (…). Es un gran retroceso porque ahora el proceso de designación de un reemplazo es muy complejo, más aun teniendo en cuenta el contexto sanitario que atravesamos. En general, son muy pocos los jueces que, no siendo del lugar, quieran venir a La Plata para iniciar este juicio (…). Tal vez el TOF tenga conocimiento de algún magistrado con voluntad de venir, pero si no es así estamos ante un grave problema”, expresó Godoy en diálogo con la Agencia Andar.
Este juicio incluye delitos de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield y de Quilmes. En el primero se incluyen 254 víctimas, y 175 en el segundo, mientras que 21 víctimas pasaron por ambos centros clandestinos.
Los imputados son 19, muchos ya condenados en procesos anteriores como Miguel Osvaldo Etchecolatz (ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia), Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno), Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón y Jorge Héctor Di Pasquale.
Desde HIJOS La Plata expresaron: “Quizás habría que recordarles a sus señorías que el primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en marzo de 2012, es decir hace más de 8 años, y debe ser uno de los expedientes de lesa humanidad que más tiempo ha tardado en ser iniciado como debate oral en toda las jurisdicciones federales del país. A ese primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en 2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018. De esta manera la causa, hoy denominada ‘Unificada Banfield-Quilmes’, quedó a disposición del TOF 1 platense hace años. Entre la lenta instrucción del expediente y la espera con las causas elevadas a juicio hubo episodios para todos los gustos: el jefe del Pozo de Banfield, el represor Juan Miguel Wolk, se profugó un tiempo con ayuda de su hija policía; el médico Héctor Vidal se escondió de la indagatoria en un entretecho de su propia casa; se otorgaron domiciliarias; se vencieron prisiones preventivas y varios responsables de la jerarquía militar como Héctor Gamen murieron impunes”.
Tanto las querellas, como las víctimas y testigos, consideran que los juicios deben continuar por el alto riesgo de la impunidad biológica y el sentido reparatorio para la sociedad, pero aclaran que esto no puede significar la aceptación de debates con modalidad exclusivamente virtual, por lo que presentaron una propuesta para la realización del debate oral, garantizando los principios de publicidad y difusión, no sólo a través de redes sociales y la transmisión en vivo por el canal digital del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, sino a través de las coberturas que realicen las organizaciones del campo popular y los organismos de derechos humanos.
“Nuestra propuesta consiste en organizar y planificar los juicios por etapas, porque de nada sirve intentar prever cómo llevar adelante la totalidad de un debate cuando la pandemia y sus consecuencias van cambiando con el correr de las semanas. Creemos que, como primera etapa, de forma virtual podría realizarse la lectura completa de la acusación, así como la incorporación por lectura de los testimonios de víctimas que ya hayan declarado en otros juicios y que por diversos motivos no quieran o no puedan presentarse físicamente en sede judicial”, detalló Godoy.
Esta etapa completamente virtual incluiría la declaración testimonial por videoconferencia por parte de aquellas personas que ya estaba previsto que no podrían asistir al juicio, como quienes viven en el exterior del país, o en provincias alejadas. Respecto al resto de las declaraciones, las querellas proponen que se priorice siempre la voluntad de los testigos. Quienes quieran declarar frente al tribunal en la sala de audiencias deberán contar con el acompañamiento de los organismos específicos de asistencia a los testigos, y estar garantizadas las condiciones para el distanciamiento social preventivo para quienes declaren, para las partes del proceso y para los trabajadores judiciales.
En este sentido, Godoy enfatizó en la necesidad de respetar y garantizar el deseo de los testigos que no quieran declarar de forma remota: “Hacerlo desde sus domicilios particulares implicaría, incluso, la certeza de que los responsables de sus padecimientos podrían observar, ‘ingresar’, a la privacidad de sus vidas. Por otra parte, el sentido reparatorio de estos juicios, de la presencialidad, no tiene que ver tanto con el testimonio en sí, con su contenido, sino especialmente con la institucionalidad de ese acto de dar testimonio”.
Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañan esta posición afirmando que los juicios deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero “con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido”.
En este sentido, dieron otro ejemplo como es el caso del juicio por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense, conocido como “1 y 60”, que debía iniciarse el 22 de abril pasado, pero que tras dos audiencias preliminares aún no hay fecha cierta de comienzo: “Los tiempos del 2020 apremian porque el 7 de septiembre estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocida como ‘El Infierno’, que incluye a 61 víctimas y sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes, entre ellos el subjefe del CCD, por la pereza judicial”, agregan desde el organismo.
Fuentes: Agencia Andar / HIJOS La Plata
