La justicia ordenó extender la medida cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a elaborar un protocolo específico para barrios populares por el coronavirus a todas las villas y asentamientos sin excepción.

En la causa judicial Expediente. N°3429-2020/0, el 21 de mayo se dictó como Medida Cautelar ordenar al gobierno porteño a elaborar un Protocolo Específico de Análisis, Acción y Prevención en materia de COVID-19 para aplicar, difundir y publicitar en villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las Comunas N°4 y N°8 de esta Ciudad, en el plazo de 5 días.

También se ordenó una serie de medidas hasta tanto se elabore y confeccione el protocolo como asegurar la provisión inmediata, suficiente y sostenida de elementos sanitarios (barbijos y guantes de latex), de higiene y limpieza (lavandina, jabón, alcohol en gel), elementos de medición de temperatura y agua potable.

Este 29 de mayo, a pedido de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTAA – Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Cildáñez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20, Barrio Carlos Mugica), el juez Darío Reynoso ordenó hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó al Ejecutivo porteño que las medidas ordenadas el 21 de mayo se apliquen a su vez en las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se encuentren incluidos en las comunas 4 y 8 –sin excepción– y que se deberá contemplar la particularidad de cada villa, asentamiento y barrio vulnerable de esta Ciudad.

También estableció que la implementación y cumplimiento de la Medida Cautelar deberá evaluarse a través de una Mesa de Trabajo creada por el Tribunal.

Desde el gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, se decidió apelar esta medida cautelar, aunque esto NO afecta su vigencia.

En la última audiencia realizada, el gobierno se comprometió a presentar el Protocolo, pero continúa incumpliendo las medidas ordenadas por el Tribunal especialmente la obligación de garantizar agua potable.

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