El dato surge del primer informe del Registro de Investigaciones Penales por hechos de violencia institucional (RVI) de la Procuración General de la Provincia. En más de la mitad de los casos ni siquiera se identificó al responsable y sólo hay 80 imputados.

Durante 2018 en la provincia de Buenos Aires se abrieron más de 13 causas por día, aunque a pesar de la cifra se trata de un subregistro ya que hay muchas otras prácticas violentas de las fuerzas de seguridad que no llegan a denunciarse.

El 52% de los hechos denunciados ocurrieron en lugares de encierro, como cárceles, comisarías, centros de detenciones para jóvenes y hospitales monovalentes. En promedio se denunciaron 4 hechos por día en cárceles y 2 en comisarías. En 57 de los 64 establecimientos carcelarios se denunció, por lo menos, un hecho de violencia institucional.

En las 4.872 causas iniciadas fueron registrados 6.334 delitos, solamente 6 fueron tipificados como tortura y 21 como homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad. Como contraparte, más del 60% de las investigaciones penales fueron tipificadas como vejaciones, apremios ilegales o abuso de autoridad; es decir, delitos con penas de expectativa bajas y excarcelables.

Estos 6.334 delitos fueron denunciados por 4.320 víctimas, la mayoría jóvenes. De ese total, 318 son niños, niñas y adolescentes.

Sólo en 1.978 casos, la investigación penal tiene identificado al presunto autor de estos hechos y sólo 80 fueron imputados, de ellos 24 están detenidos, el resto continúa en libertad.

En más de la mitad de las causas ni siquiera se llegó a individualizar al o los/las responsables de los delitos denunciados. Y el destino habitual de estas investigaciones será el archivo de la causa, es decir la impunidad.

Al 1º de febrero de este año, 1.553 de las 4.872 investigaciones penales habían finalizado, sólo 40 fueron elevadas a juicio. El resto fueron archivadas, se desestimó la denuncia o se declararon incompetencias.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, este registro, creado a partir de la Ley 14.687 de 2014,  es una herramienta pública esencial porque permite conocer cómo y con qué resultados la Justicia investiga la violencia institucional: “Una mirada de la Justicia sobre sí misma que, a partir de los datos del primer informe, demuestran la poca, casi nula, capacidad de intervención”. De todos modos, reitera que estos datos representan sólo un subregistro. El RVI registró 118 muertes ocurridas en cárceles y comisarías y 48 muertes producidas por fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires; mientras que en su último informe anual la CPM denunció 12.421 hechos de torturas y 120 casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Agencia Andar.