Denuncia de la izquierda y los organismos de DDHH por tareas de inteligencia a periodistas, dirigentes políticos y sociales.
(Olivier Reboursin- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – En la mañana del pasado lunes 4 de febrero, el periodista Herman Schiller y el Secretario del Partido Comunista Patricio Echegaray, concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py juntamente con la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum.
Allí ratificaron ante el Juez Claudio Bonadío, la denuncia iniciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público en diciembre pasado contra el titular de la Unidad de Apoyo Fiscal para delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO) Alberto Adrián María Gentili.
El caso comenzó el pasado mes de julio cuando la LADH tuvo contacto con dos informes que constan en expedientes de la UFIDRO –creada por convenio entre el Ministerio del Interior y la titularidad del Ministerio Publico Fiscal- en los que constaban dos informes, uno remitido por la fiscalía de Mar del Plata, referido a las FARC bajo el título de “actividades del narcoterrorismo” en esa ciudad y otro emitido por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal en el que se vincula al Partido Patria Libre de Paraguay con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con ciertos organismos políticos y sociales locales bajo el mote de “terrorismo”.
Los informes mencionados, además de incurrir en notorias falacias e inexactitudes, ponen en claro que la policía y los “servicios de inteligencia” no sólo son capaces de hacer seguimientos ilegales –tal el detallado y exhaustivo relevamiento de las actividades del representante de las FARC en la Argentina en los años 90, Javier Calderón-, impugnaciones político-ideológicas como en los tiempos de la dictadura y verdaderos atropellos a los derechos de libertad de expresión, a la intimidad y a la privacidad de los actos entre otros, en franca colisión con la Constitución y una serie de pactos y tratados incorporados al texto de ésta en la última reforma de 1994. La noticia motivó en su momento, que la Liga exigiera al gobierno nacional las explicaciones del caso y las correspondientes sanciones al jefe de la UFIDRO en virtud de haber dado por válidos los informes ilegalmente realizados.
La respuesta oficial, sin embargo, nunca llegó y es por eso que junto con los afectados nombrados –a los que se suman en esa calidad por estar mencionados en los informes, Hebe de Bonafini y Carlos “Perro” Santillán-, decidió recurrir a la vía judicial para obtener satisfacción y la correspondiente sanción a todos los funcionarios involucrados.
Esta decisión explican en la Liga, resulta fundamental en tiempos en que ya se ha sancionado en la Argentina la “ley antiterrorista” exigida por EEUU como herramienta de disciplinamiento y control del movimiento popular y sus reclamos. En sus escritos, los abogados de la Liga no solo exigieron la máxima pena para Gentili en virtud de los delitos cometidos, las omisiones y el posible encubrimiento agravantes, sino también con el objeto de saber si existen decisiones del Poder Ejecutivo o el Procurador General de la Nación tendientes a realizar e impulsar tareas de espionaje e inteligencia políticas específicamente prohibidas por la ley.
En la denuncia suscripta por Schiller y Echegaray, a los que se suman el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el abogado de presos políticos Eduardo Soares, -con la firma de los abogados de la Liga Gerardo Etcheverry, Pedro Dinani y Sabrina Dentone- se deja clara la evidente violación por parte del mencionado fiscal Gentili y sus pares de Mar del Plata, Daniel Adler y de Misiones –zona de la Triple Frontera-, Liliam Delgado, de las leyes de inteligencia interna y seguridad, lo mismo que de diversos principios de derecho constitucional y supranacional de Derechos Humanos, al aceptarse como elemento de prueba e investigación a informes “de inteligencia” elaborados por la Policía Federal y otros organismos de seguridad.
