En este sentido, no se han tenido en cuenta las pruebas aportadas por la querella, no se avanzó en las indagatorias a los agentes que ingresaron de forma ilegal a la Pu Lof en Cushamen aquel 1 de agosto, ni tampoco se agotaron todas las líneas de investigación. Por eso, es imprescindible investigar todas las variables posibles antes de dar por cerrado el caso.
A su vez, cuestionamos la falta de medidas para mantener el debido cuidado en la cadena de custodia de las pruebas recolectadas como lo fue el dinero hallado en el bolsillo del pantalón de Santiago.
Negar la posibilidad de avanzar en otras hipótesis delictivas es una grave afrenta a la memoria de la víctima, a la necesidad de justicia de la familia y una grave violación a los derechos humanos.
Ante la falta de respuestas y el apuro en cerrar una causa que aún no responde a sus mayores interrogantes, creemos y denunciamos qué hay una decisión política para no investigar a las propias fuerzas de seguridad cuando sus actos han culminado con la muerte de una persona.
La APDH ha denunciado desde el inicio que la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado es el resultado de un operativo represivo ilegal. Somos querellantes en una causa que aún tiene mucho que explicar sobre la actuación de los agentes estatales y seguiremos reclamando verdad y justicia por Santiago Maldonado.
