“Esta causa, como muchas otras, es un escándalo: aquí se investiga una mínima parte de la verdad porque no se consideran los crímenes cometidos desde el 74 entre la Brigada y las fuerzas armadas uruguayas, ni tampoco se evalúa la acción conjunta con el Pozo de Banfield y el de Quilmes durante la última dictadura en Argentina. Por eso mi padre no es víctima para este juicio, ni hay imputados por mi cautiverio y posterior apropiación”, manifestó la nieta recuperada Victoria Moyano durante su declaración frente a los jueces del TOF 1 de La Plata.

Reproducimos crónica de la audiencia del miércoles 26 de septiembre publicada por Agencia Andar:
La audiencia comenzó, nuevamente, con casi dos horas de retraso, esta vez con la presencia, en la primera fila del público, de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y miembro de la CPM, Nora Cortiñas, “a quien la adoro porque siempre ha estado y seguirá estando”, le agradeció la primera testigo de la jornada, María Victoria Moyano Artigas.
Su testimonio consistió en una minuciosa descripción de la permanente persecución clandestina que su familia sufrió desde 1974 hasta la desaparición de sus padres, articulando relatos de sobrevivientes que los conocieron en distintos centros clandestinos, documentos recientemente desclasificados del Estado uruguayo, y una minuciosa investigación que durante décadas María Victoria llevó adelante en su afán de reconstruir la verdad y alcanzar la justicia: “Todas estas pruebas documentales que hoy traigo deberían haber sido halladas y analizadas por el Estado”.
Su madre María Asunción Artigas y su padre Alfredo Moyano, ambos uruguayos, eran militantes políticos de la organización Resistencia Obrera Estudiantil. Particularmente la familia Artigas, en los años 70, era vigilada y perseguida por la dictadura de Bordaberry, y era frecuente que un jefe del Ejército uruguayo se presentara en la casa de la abuela materna de María Victoria y se llevara detenidos, con fines de interrogatorio, a integrantes de esa familia. En una de esas incursiones a la casa, el militar le confesó a la mujer: “El ‘submarino’ (un método de tortura) es la fuente de la verdad”.
En 1973, María Asunción y Alfredo se casaron y se mudaron al otro lado del Río de La Plata. Sin embargo el asilo político no funcionaría: dos años después serían secuestrados junto a más de una veintena de uruguayos en Argentina, y mantenidos en cautiverio en la sede de la Brigada de Investigaciones de San Justo en el marco de un operativo coordinado entre fuerzas de ambos países. Según explicó María Victoria, la información surge de documentos recientemente desclasificados del Estado uruguayo en el que figuran todos los detenidos, sus destinos, sus trayectorias militantes y la acción de fuerzas uruguayas y argentinas.
“De hecho, ya en 1977, cuando mis padres vuelven a ser secuestrados –vivían en Berazategui- ya estaban registrados en la Brigada de San Justo. Mi madre había empezado a estudiar Medicina. Mi padre estudiaba Psicología, además de ser pintor y delegado sindical. Mi investigación sobre esta segunda detención me lleva nuevamente a Uruguay, a partir del secuestro de De Gregorio, de Montoneros, en ese país. Las fuerzas militares de ambos países organizan más de 50 operativos en los que capturan a casi todos los integrantes del GAU (Grupo de Acción Unificadora), con el que articulaba De Gregorio hasta su detención”, narró María Victoria, quien agregó que sus padres, equivocadamente, fueron identificados como parte del GAU.
Los operativos se realizaron bajo el nombre “Montoneros” e intervinieron la ESMA y la Armada de Uruguay. María Asunción Artigas llevaba apenas dos meses de un embarazo, del cual solo ella y su compañero Alfredo sabían. Él sería desaparecido y nunca conocería a su hija nacida en cautiverio.
“El embarazo de mi madre fue certificado por una médica del Pozo de Banfield. Yo me contacté con sobrevivientes de ese centro clandestino, y me contaron sobre las terribles condiciones de detención que pasó mi madre. La torturaron, escaseaba la comida. Pero, más cerca del parto, empezaron a ocuparse del embarazo”, detalló.
En ese sentido, Victoria Moyano destacó el testimonio de Adriana Chamorro, sobreviviente del Pozo de Banfield, quien le contó que María Asunción, cuando comenzó a ser hostigada sexualmente, organizó al resto de las mujeres secuestradas en una acción común contra los abusos, lo que finalmente dio resultado: “Estoy llena de orgullo de que mi madre no haya permitido que las trataran menos que a personas”, dijo emocionada la testigo.
Cuando el parto se produjo, la niña recién nacida fue inscripta con el apellido de su apropiador, Pena, y en una dirección de Lomas del Mirador perteneciente a una agente que revistaba en la Brigada de San Justo: “Todo esto demuestra que, por más que haya nacido en el Pozo de Banfield, es imposible pensar mi cautiverio y apropiación por fuera de la Brigada”.
Antes de finalizar su declaración, Moyano enfatizó en la “re victimización que provoca la declaración reiterada en estos juicios pobrísimos, fragmentados, con causas sobre hechos puntuales que no llegan a indagar la organización profunda y articulada del plan genocida. En el caso de mis padres, hubo un gobierno constitucional en Argentina que colaboró con dictaduras vecinas, al punto que el propio estado uruguayo admitió la coordinación de fuerzas desde el año 73”.
“Será imposible que este tribunal llegue a un mínimo de verdad y justicia si ustedes, señores jueces, separan la Brigada de San Justo y el Pozo de Banfield”, concluyó.

***

En tanto, reproducimos a continuación la crónica realizada por HIJOS LA PLATA de la audiencia anterior del juicio por la Brigada de San Justo:
Tres sobrevivientes de la Brigada y la hija de uno de ellos dieron con sus testimonios continuidad al debate. Tres historias de trabajadores sociales y comunitarios que sufrieron la represión del Terrorismo de Estado por desarrollar lazos de solidaridad en la base social.
El inicio de la audiencia tuvo como protagonista a Norberto Ignacio Liwski, sobreviviente de San Justo, querellante, médico, fundador del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), y una de las personas que más luchó para que esta causa llegue a la instancia de juicio oral.
Liwski comenzó narrando que para abril de 1978 estaba viviendo con su familia transitoriamente en un departamento de la zona de Parque Rivadavia, en Capital Federal, ya que había sido despojado el día del golpe de estado de un departamento preadjudicado en el Complejo 17 de Octubre de Ruta 4 y Avenida Crovara, en La Matanza. La decisión de vivir en el conurbano tenía que ver con su involucramiento en la experiencia de organización barrial que se había dado en aquella zona, ya que además de trabajar en los hospitales de Morón y Merlo aportaba en La Matanza como voluntario en una pequeña sala de atención de salud. Par el testigo “ese ejemplo de organización comunitaria desafiaba el orden social que querían imponer los genocidas”
La noche del 5 de abril del ’78 Liwski volvía a su casa en colectivo de atender a un paciente, y cuando intentó abrir la puerta sintió que empujan desde adentro e intentaban detenerlo. En el forcejeo vio a un grupo de personas armadas y vestidas de civil y comenzó a gritar que estaba siendo secuestrado. Entonces uno de los represores le disparó a corta distancia y le produjo 4 heridas en los muslos de ambas piernas. Entonces fue “tabicado” con un pedazo de tela de una manta de su hija y arrastrado hasta la planta baja. Ya en el hall de entrada pudo ver las luces rojas intermitentes de un patrullero en la calle, mientras desde afuera gritaban “¡Bajen las armas!”. Los represores respondieron desde dentro que tenían “zona liberada” y el patrullero se retiró del lugar en unos minutos. Entonces fue subido al piso de un Ford Falcon que enfiló por avenida Rivadavia hacia el oeste, mientras los captores iban abriéndose paso con las armas largas por la ventanilla y uno le dijo “Estás agujereado, no intentes nada”. Desde ese mismo momento relacionó su secuestro con lo ocurrido una semana antes a la salida de una misa en San Justo en reclamo por la libertad de la dirigente barrial Cirila Benitez, donde toda la junta vecinal y sus colaboradores fueron secuestrados. Como conocía perfectamente la zona supo que lo llevaban a San Justo pasando por Ramos Mejía. Al llegar a un ingreso de auto el vehículo dio un sobresalto, pasó un portón y entró a un garaje de pedregullo, que ha sido narrado en este juicio por otros sobrevivientes como el ingreso a la Brigada de San Justo. Allí lo bajan tomado de las extremidades, ya que no podía caminar por las heridas en las piernas, lo ingresan a una sala y lo ponen en una mesa metálica ancha. Entonces sucede el primer hecho que le llama la atención: una persona le dice que es médico y le va a hablar de colega a colega, le pide que colabore porque estaba mal herido. “Me dio asco que un médico formado para curar me dijera eso en una mesa de tortura” dijo el testigo, “y lo escupí”. Entonces otro represor que se presentó como “El Coronel” le dijo que sabían todo de él, que “se acabó el padrecito de los pobres” y que “lo vamos a torturar para que sepa cómo responde esta dictadura”. Entonces lo ponen en conocimiento de que allí también estaba secuestrado su colega y amigo, el médico Francisco García Fernández. Luego lo torturaron toda la noche hasta la madrugada y lo colocaron inconsciente en una celda colgando de unos ganchos a la pared. En posterior inspección ocular como parte de esta causa Liwski reconoció las distintas salas de la Brigada. También pudo ir reconstruyendo que el médico torturador era Jorge Héctor Vidal, y el represor que comandó su secuestro y luego dirigió la tortura fue el comisario José Antonio Raffo (alias “Tiburón”), que pese a sufrir proceso en la causa 44/86 murió impune en vigencia de las leyes de impunidad.
En la sala de tortura Raffo ordenaba “pasenlé en directa”, por los 220 volts, lo que Liwski definió como una “brutalidad sin límites”: sufrió el depellejamiento de los pies, el arrancamiento de las uñas y el clavado de elementos punzantes. Luego de esto se dio un segundo episodio con Vidal, donde el médico genocida le explicaba técnicamente al represor Rubén Boan (alias “Víbora”) los efectos físicos de la picana, los límites y su mejor empleo para quebrar la resistencia del detenido. Vidal llegó a recomendar que se puede torturar a una persona desde los 25 kg de peso, con lo cual Boan amenazó a Liwski de que “la próxima lo torturamos con su hija al lado”.
El testigo narró que en otra oportunidad el represor que le había disparado cuando lo secuestraron, al que identificó como Ricardo García (alias “Buggi” o “Rubio”), ingresó a la celda en que estaba con García Fernández y quiso obligar a éste a que ahorcara a Liwski con una soga mientras le ponía una pistola en la cabeza. Como el detenido se negó ambos fueron molidos a palos. Además a mediados de abril del ‘78 lo juntaron con su esposa Hilda Ereñú, que había sido detenida el mismo día que él, a la que vio muy desmejorada por la tortura pero que ese día fue liberada.
Dijo además que en otra ocasión sufrió la visita de un integrante de inteligencia del Ejército que le dijo “soy G2, nosotros no torturamos, tenemos otros métodos” y se presentó como “capitán Gabriel Fernández”. Ese personaje le dijo “Ud está desaparecido, no está ni vivo ni muerto, está en un pozo de la tierra donde solo llegamos nosotros. El único juez es Videla, él decide la vida y la muerte”. Por si fuera poco también experimentó la visita de personal jerárquico al que los represores llamaban “1-1”, que llegó en un helicóptero que sobrevoló la zona y que se vivió con ansiedad porque en esa jornada el plantel de la Brigada ordenó y limpió especialmente las instalaciones.
Sobre el represor Vidal agregó que actuaba siempre a cara descubierta, con la chaqueta blanca, y que una vez lo diagnosticó una tifoidea, le firmó una receta y le prescribió medicación discontinuada, lo que se parecía más a una práctica de la tortura que a la mala praxis. Dijo que cuando recuperó la libertad lo denunció ante el Colegio Médico, pero en ese ámbito también tuvo que defenderse de las presiones de los represores para que le quitaran su título. El testigo rememoró que Vidal estuvo involucrado en las apropiaciones de María José Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Paula Logares Grinspon. Con los años Liwski se vinculó a Abuelas por pedido de Chicha Mariani y en los ‘80 coordinó el equipo técnico de búsqueda de niños apropiados por los represores. El médico rememoró también el paso de otros detenidos de los que supo o con los que habló en San Justo. En la celda chica presenció la llegada de Claudio Logares al calabozo contiguo y al buzón de enfrente de Mónica Grinspon. En la celda grande recordó que estuvieron Aureliano Araujo, Abel De León, Jorge Heuman, Raúl Petruch, Adolfo Rafael Chamorro y Juan González, estos dos últimos venían del “Pozo de Banfield”. El 1 de junio del ’78 fueron trasladados en grupo en una camioneta por la ruta 21 a la Comisaría de Gregorio de Laferrere, donde dijo que era “clarísima la autoridad de los mismo represores que actuaban en San Justo”. Además afirmó que en Laferrere “no hubo cambio de situación, sólo de lugar” y xxx
Allí supo de la llegada de Amalia Marrón, Claudia Kohn y Graciela Gribo
En julio del ’78 un decreto lo puso a disposición del Poder Ejecutivo, sufrió un Consejo de Guerra en el Regimiento de Palermo, pasó por Devoto y la Unidad 9 de La Plata y recién recuperó su libertad en marzo de 1982.
Para redondear una exposición de 3 horas el testigo analizó que “la represión buscó dañar todo el tejido social organizado y crear el terror. Este juicio tiene un valor por las condenas, para las víctimas también tiene un valor reparatorio, pero ese valor se traslada a el pueblo todo de San Justo y de La Matanza”. Quedó sobrevolando la frase que el represor Raffo le dijo cuando lo sacaron de la Brigada de San Justo y mientras lo señalaba en la sien: “Cuando salgas nunca vas a decir dónde estuviste porque te pego un tiro acá”. Liwski pensó que la próxima vez que se encontrarían sería frente a un juez con el represor como imputado.
A continuación Julieta Liwski, una de las hijas de Norberto, completó el testimonio de su padre con un desarrollo de las consecuencias que la represión tuvo para su generación. En principio se definió como “testigo, hija y víctima, ya que la dictadura también dejó una huella en mi hermana y en mí”. Julieta tenía 4 años al momento de los hechos y recuerda que vivían en el Complejo 17 de Octubre “de manera precaria, pero con los ideales de justicia y libertad con que nos formamos como familia”. Contó que su memoria como persona empezó a partir de las visitas a su padre preso en las cárceles de la dictadura. Contó unas 250 visitas entre los 4 y los 7 años y dijo que “mi infancia fue sellada por mantener un gran secreto: tener a un padre desaparecido y luego preso por defender sus ideales y apoyar a los más pobres”. Relató además que en ese mundo de viajes a la cárcel, esperas y requisas, aprendió el lenguaje carcelario y que con su hermana jugaban a escribir habeas corpus y solicitadas. Julieta, que mientras duró el cautiverio de sus padres se crió con su hermana en la casa de su abuela, quien también sufrió un allanamiento y torturas, dijo que vivían “con el temor constante de que volvieran a buscarnos a nosotras”.
Julieta se dedicó al arte, es titiritera y afirmó que el hecho de que hoy trabaje en lugares de encierro como cárceles e institutos de menores tiene mucho que ver con lo que le sucedió siendo niña. “Hay algo de familia, y siento que son lugares que me pertenecen. Yo creo que el juego fue una herramienta sanadora contra tanta tristeza”, sentenció.
También recordó que cuando estaban los festejos del mundial ’78 “en casa no había nada que festejar. Para nosotras el mundo se dividía entre los que sabían de la represión y los que no, o entre los que podían pensar un poco más allá de las cosas que pasan y los que no. Hoy sigue siendo así”, finalizó.
Luego fue el turno de la sobreviviente María Amalia Marrón, que brindó un testimonio muy completo que constata tanto el paso de una veintena de detenidos ilegales por la Brigada de San Justo como la identidad de algunos represores del plantel de este CCD.
La testigo comenzó mencionando los orígenes del Complejo Habitacional 17 de Octubre, o barrio General Güemes, un emprendimiento de los vecinos organizados con el Instituto de la vivienda que los vecinos habían ido ocupando ante la tardanza en la conclusión de la obra. Contó que con un grupo de compañeras de la Facultad comenzaron a mediados del ’75 a realizar salidas al barrio para aplicar su formación de docente en la educación popular, con un fuerte impulso por conocer qué pasaba con la infancia en este lugar. Dijo que para ese entonces, si bien ya era complejo organizarse porque despuntaba la represión, estaba la Junta Vecinal donde se gestionaba colectivamente las problemáticas sociales. Destacó la participación de las mujeres y madres del barrio en la Junta y la figura de la presidenta de la Comisión de madres, Cirila Benítez. Contó que las madres organizaron una guardería con atención médica, apoyo escolar, deportes y recreación, y que ella quedó a cargo del espacio. Amalia conoció en esta experiencia al doctor Liwski y su esposa, y al doctor Jorge Heuman, con quien luego se casaría. Ya ocurrido el golpe de estado de marzo del ’76, las actividades de la Junta Vecinal continuaron pese a que hubo varios integrantes secuestrados, como la propia Cirila, u otros que se mudaron de barrio por la persecución.
Precisamente fue el 26 de marzo del ’78 en una misa en la Catedral de San Justo, donde se pedía por la libertad de Cirila, cuando la represión volvió a golpear a los militantes barriales. A la salida de la actividad fueron embocados por un grupo de tareas que secuestró a varios vecinos en distintos autos. Amalia fue arrastrada con Olga Araujo al asiento trasero de un vehículo con la cabeza baja y uno de los captores apuntando un arma. Tras un recorrido corto entraron a un garaje de piso pedregoso, elemento coincidente con otros testigos respecto al patio de entrada de la Brigada. Amalia fue desnudada, tabicada con un elemento de cuero y sufrió torturas con picana eléctrica y quemaduras de cigarrillo. Después de la tortura Amalia fue revisada por un represor al que llamaban “El Tordo”, que aconsejó que se podía continuar con los tormentos. Ese personaje era el médico policial Jorge Héctor Vidal, quien visitó varias veces a Amalia y a otros detenidos en total libertad de acción, vestido con chaqueta blanca con su nombre en la solapa. De hecho en un momento en que necesitó antibióticos, el propio Vidal en persona le firmó una receta.
En esa situación pudo ir reconociendo algunos de los apodos de los represores como “Tiburón”, “Víbora”, “Rubio”, “Eléctrico”, “Araña” y “Lagarto”. En principio Amalia compartió cautiverio con Raúl Petruch y Jorge Heuman, ambos médicos del Complejo 17 de Octubre. Luego supo que Liwski estaba en una celda contigua. Contó que los detenidos sufrían todo el tiempo amedrentamientos, en un ambiente donde siempre estaba la luz y una radio encendidas.
En un momento el tal “Víbora” (Rubén Boan), que había estado a cargo del operativo de su secuestro, entró a la celda con una máquina de escribir y le tomó unos datos que posteriormente se usaron en un Consejo de Guerra que le realizaron en el Regimiento I. Otro día, cuando estaba en una celda con Elisa Moreno y Olga Araujo, las pusieron a recibir la comida y dividirla en porciones, lo cual aprovecharon para contabilizar a los detenidos. Para un momento que pudo determinar como junio del año ’78, la llevaron a las oficinas de la planta alta y allí “El Rubio” (Ricardo García) le realizó un interrogatorio, le mostró sus pertenencias y le dijo “¡qué raro alguien como vos, hacerse arruinar por una paraguaya de mierda!”, en clara alusión a Cirila Benítez. Amalia mencionó que supo del paso por la Brigada de Estanislao Araujo, Ismael Zarza, Alfredo Manfredi, Rodolfo Barberán, Carlos Prieto, Abel De León, Luis Tarquini, Miguel Berenstein, Hilda Ereñú y Francisco García Fernández, entre otros detenidos. También pudo saber del traslado conjunto de 8 o 10 varones de la Brigada a destino desconocido. Luego Amalia fue trasladada con Elisa Moreno a la Comisaría de Laferrere, donde volvió a encontrar a otros detenidos que venían de la Brigada, a Claudia Kohn y Graciela Gribo que venían del “Pozo de Banfield”. Así los familiares de otros detenidos, que los visitaban pese a estar en situación de desaparición forzada, pudieron avisar a su familia. Amalia también pudo registrar que la patota de la Brigada, entre ellos José Antonio Raffo (“Tiburón”) y García, realizaban los traslados a la Comisaría y tenían mando sobre el personal de la sede.
El 18 de junio del ’78 Amalia fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo, fue llevada a la cárcel de Devoto, vivió un fallido Consejo de Guerra y tuvo un régimen de libertad vigilada hasta marzo del año ’82 en que fue liberada.
La testigo afirmó que no fue fácil rearmar su vida por el rechazo social que sufrían los ex detenidos en la década del ’80, hasta que en el encuentro con otros ex detenidos pudieron ir reconstruyendo lo sucedido y compartir experiencias. Puesta a analizar todo lo que sufrió, la testigo dijo que la represión buscó dejar “un trauma permanente en la personalidad, en la instancia más vital de nuestra vida” y que los testimonios son importantes porque pueden “retratar momentos históricos que superan lo individual y están en la trama del cuerpo social que nos sostiene”.
Finalizando la jornada la ex detenida de San Justo María Dolores Serbia detalló su secuestro ocurrido la noche del 16 de marzo del ’76. Dolores tenía 34 años, vivía en Castelar con su madre y una tía, trabajaba en la Dirección de Adultos de La Matanza, parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia, y su tarea era gestionar ente las fábricas de la zona, como la Siam, Santa Rosa, Mercedes Benz y Chrysler, para que los obreros pudieran terminar los estudios. Esa tarea la convirtió en blanco de la represión. Aquella noche volvió a su casa y cuando ingresó se le tiró un tipo encima que la encapuchó mientras la interrogaba “¿De qué orga sos?”. Como los vecinos vieron algo raro llamaron a la policía, que cuando llegó negoció con los secuestradores, que a su vez decían entre ellos “¿Por qué no avisaron a la comisaría?”. El episodio, coincidente con el de toros testigos en el debate, confirma la determinación de las famosas “zonas liberadas” para que los grupos de tareas actúen. Superado el entredicho entre represores la suben al asiento trasero de un auto y escucha “Vamos a la estancia”. Entonces la llevan a un lugar en cuyo ingreso se cruzaba un pequeño puente de madera, donde se escuchaban ladridos de perros y el sobrevuelo de aviones, y la alojan en un box con el piso húmedo. Si bien la testigo no pudo determinar nunca qué era ese lugar, por los detalles supone que se trataba del CCD “Puente 12”, en autopista Ricchieri y Ruta 4 (Ciudad Evita, La Matanza). En este primer lugar sufrió interrogatorios con picana eléctrica y vejación sexual. Además recordó que le asignaron el nº 14 como detenida. Luego, el 21 de marzo, fue trasladada sola en una camioneta a la Brigada de San Justo. Confirmó que era este lugar por uno de los policías que le traía agua y la llevaba al baño. En este lugar diferenció lo que era la Comisaría de San Justo de la Brigada. Si bien aquí no la torturaron sufrió un interrogatorio de dos integrantes de investigaciones, y se enteró estando detenida del golpe de estado del 24 de marzo por las marchas militares que pasaban en la radio que sonaba constantemente. Compartió celda con dos activistas del Sindicato de Mecánicos (Smata) de San Justo, uno de ellos llamado Alejandro García. Luego la separan del resto y la ponen en “buzones”. Sufre otro intento de violación de parte de personal militar. Tras esto es llevada a una celda en la Comisaría, donde uno de los efectivos se comunica con su familia. Su hermano realizó gestiones y pudo confirmar que estaba allí detenida. Finalmente fue derivada a la cárcel de Olmos el 13 de abril del ’76, luego a Devoto hasta julio del ’77 y finalmente liberada desde la sede de Coordinación Federal de la Policía Federal en CABA. En Coordinación federal pudo ver una carpeta con su nombre donde se fabulaba: “Detenida por orden del Ejército Argentino. Se le secuestra armamento de guerra y material subversivo”.
Dolores contó que además de ella, todo su grupo de trabajo fue perseguido y la tarea social que realizaban desmantelada. Serbia es la primera detenida que fue ingresada a la Brigada de San Justo, siempre entre los casos que forman parte de este juicio, ya que hay pruebas de detenciones y torturas de dirigentes tupamaros en ese mismo lugar durante marzo/abril del ‘75, bajo el gobierno peronista de María Estela Martínez y en el marco del Plan Cóndor.

Más información: https://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com.ar/