Lo hará la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires este miércoles 13 de diciembre, a las 10.30, en su Museo de Arte y Memoria, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y a 12 años de la masacre en esa Unidad Penitenciaria, en la que murieron 33 personas privadas de su libertad.

Bajo la consigna “12 años después el fuego sigue ardiendo”, el informe señala que la situación en la Unidad es aún más grave hoy que en 2005. Hacinamiento, sobrepoblación y torturas son las principales problemáticas que sufren las personas privadas de su libertad.

Actualmente la UP N° 28 de Magdalena es la más superpoblada de todo el sistema penitenciario bonaerense. En 2005 había 592 detenidos en un lugar con capacidad para 358 personas. Hoy suman 1199, sin haberse ampliado la capacidad de alojamiento del lugar.

En los últimos tres años, la Comisión realizó 777 entrevistas con personas detenidas en la Unidad o sus familiares, en las que se denunciaron 2015 hechos que implicaron agravamientos en las condiciones de detención: torturas o malos tratos como agresiones físicas, requisas vejatorias, desatención de la salud, deficiente alimentación, robo/daño de pertenencias, malas condiciones materiales y aislamiento.

La semana pasada el presidente de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, el secretario Roberto Cipriano García, y la directora general de áreas, Sandra Raggio, llevaron adelante junto al equipo técnico, una nueva inspección en la UP 28 que duró alrededor de 10 horas. Recorrieron los diferentes pabellones, la zona de separación de área de convivencia, admisión y sanidad y volvieron a constatar las graves condiciones de detención en que se encuentran las personas allí detenidas y los numerosos casos de torturas y malos tratos.

El resultado de esta inspección y el informe especial serán presentados este miércoles 13 de diciembre, a las 10.30, en el Museo de Arte y Memoria de la CPM, ubicado en Calle 9 Nº 984 de La Plata.

En el acto también se exigirá a la Justicia una condena ejemplar en el juicio que se está desarrollando por la Masacre de 2005, en la que están imputadas 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense: “no sólo como reparación para las víctimas de familiares, sino también como llamado de atención a los tres poderes del Estado para modificar las condiciones actuales del sistema de encierro que sigue vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Este sistema de la crueldad ocasiona cientos de muertes evitables y pone permanentemente en peligro la vida de los detenidos”, expresaron desde la Comisión.

Además, se pedirá que el pabellón 16 de la UP 28, donde sucedió la masacre, sea declarado sitio de memoria, que no vuelva a habilitarse para alojar personas detenidas y, por el contrario, se convierta en un espacio educativo.