El pasado 2 de septiembre las familias de los jóvenes asesinados realizaron una movilización para reclamar “justicia por los siete”, acompañados por Comisión Provincial por la Memoria y más de 60 familiares de organizaciones que luchan contra la violencia institucional en toda la provincia de Buenos Aires.
También se llevó adelante un encuentro en el que se realizaron una serie de talleres de evaluación de las acciones desarrolladas por las organizaciones que integran la RED y talleres de formación para seguir pensando estrategias de intervención en el territorio frente al avance represivo del Estado.
El 2 de marzo, siete jóvenes privados de su libertad murieron asfixiados y quemados en la llamada masacre de la comisaría 1ª de Pergamino: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Desde el primer momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se acercó a los familiares y acompañó su reclamo de justicia; actualmente patrocina a las familias de tres de los jóvenes muertos (Filiberto, Pizarro y Latorre).
Por el hecho se hizo efectiva la prisión preventiva para cinco policías imputados por abandono seguido de muerte, los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas. También se encuentra imputado el máximo responsable de la comisaría 1ª al momento del hecho, Alberto Donza, quien continúa prófugo.
Los testimonios de los sobrevivientes y las pericias realizadas indicaron que los agentes públicos no intervinieron para prevenir el siniestro ni auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Sin embargo, los abogados defensores apelaron la detención dictada en primera instancia y, en el mes de julio, la Cámara de Apelaciones ratificó el arresto domiciliario para cuatro de los cinco policías detenidos por la Masacre de Pergamino, decisión que fue repudiada por la CPM. Para el organismo la resolución es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia.
En toda la jornada estuvo presente la imagen de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada. “La desaparición forzada de Santiago revela el proceso de criminalización: un Estado que, frente al conflicto, responde con la violencia. Santiago Maldonado nos pone a pensar en esa dimensión del Estado que también los atraviesa a ustedes y se inscribe en las peleas que ustedes están dando en la organización”, sostuvo la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
El documento que se leyó al cierre de la movilización manifestaba: “184 días de dolor, de un dolor que deja sin aire (…) Los siete pibes fueron claros: nos mata la policía”.  
“El Estado que nunca estuvo para garantizar derechos los atrapa en un sistema penal cada vez más regresivo y luego pretenden culpar a las víctimas y las familias, no permitamos que logran imponer ese discurso, por eso la batalla no es sólo en los juzgados es también en las calles”, cerró el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

Fuente: Agencia Andar