Durante el 2007 murieron en forma violenta o dudosa, 87 personas privadas de la libertad cuya vida e integridad física son responsabilidad del Estado.
(Cepoc * ) Argentina- La muerte del torturador Febres, lejos de alegrar a sus víctimas, y a los familiares de sus víctimas, les provocó un nuevo dolor: muerto quien se encargaba directamente del robo de los bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, se alejó la posibilidad de saber algo más acerca del destino de aquellos bebés, hoy hombres y mujeres despojados de su verdadera identidad.
Con lógica desconfianza, los querellantes que esperaban escuchar la condena contra Febres -la resolución judicial debía llegar el viernes 15 de diciembre- pidieron participar en la autopsia. Los resultados no dejaron lugar a dudas: en la sangre del represor se encontró cianuro. Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina responsables de la custodia de Febres están presos, y sus familiares, procesados por encubrimiento. Del expediente judicial surge información que habla de asados multitudinarios, reuniones familiares regadas con buen vino, salidas con chofer, valet personal y otros privilegios que, de todos modos, no protegieron al torturador de una muerte violenta.
Según la información registrada por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la de Febres fue una de las 87 muertes violentas o dudosas de personas privadas de libertad durante el 2007. Todas y cada una de esas muertes son responsabilidad del Estado, que es el garante de la integridad física y de la vida de las personas a las que decide privar de libertad.
Estas 87 muertes violentas y/o dudosas se produjeron por las siguientes causas: Asfixia por inhalación de humo: 37, Ahorcamiento 19, Heridas cortopunzantes 15, Disparo arma de fuego 4 , Quemaduras 5, Paro cardiorespiratorio 2, Meningitis no atendida 1, Desnutrición y neumopatía 1, Golpes 2 y Envenenamiento 1.
Santiago del Estero es la provincia donde murieron más personas privadas de libertad, todas ellas en un único hecho: 36 presos de la Alcadía de Varones de esa provincia encontraron la muerte luego de protestar – no de intentar fugarse, como se mintió en las primeras horas del hecho – el domingo 4 de noviembre.
De las personas privadas de libertad muertas el año pasado, 26 se encontraban en dependencias de las policías de las provincias de Buenos Aires (6), Santa Fe (4), Córdoba y Misiones (3 en cada caso), Chaco y Río Negro (2), Mendoza, Jujuy, Neuquén, Formosa, Corrientes, Formosa (1).
Otras 58 muertes se produjeron en establecimientos dependientes de servicios penitenciarios: Santiago del Estero (36), Buenos Aires (7) Corrientes (5), Santa Fe (2), Tierra del Fuego, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Catamarca, Río Negro, San Juan y San Luis (1 en cada caso).
En instituciones federales se produjeron 3 muertes: Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En cuanto a las edades: 13 de las personas eran menores de 21 años; 6 de ellas murieron por ahorcamiento, 3 por disparos de armas de fuego, 2 por quemaduras, 1 por golpes, 1 por meningitis no tratada.
Como se dijo, esta información ha sido construida por el Cepoc con datos recibidos de múltiples fuentes: presos, familiares de presos, organizaciones sociales y de derechos humanos, y a partir de las noticias publicadas en los medios de comunicación. En consecuencia, es posible que exista un subregistro, ya que las policías y servicios penitenciarios, así como las áreas de justicia de las distintas jurisdicciones, incumplen con su obligación de brindar información veraz y precisa sobre estos casos. El ejemplo más notorio de esta actitud reticente es del Servicio Penitenciario Federal, que jamás informa oficialmente las muertes sucedidas en sus establecimientos.
(*) Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc)
Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad
