Algunos de esos testigos continúan privados de su libertad en otros penales de la provincia. Uno de ellos, al comenzar su declaración, afirmó: “Voy a hablar porque los pibes eran presos como nosotros”. Agregó que desde el SPB le dijeron que “se fije en lo que iba a hablar y le señalaron que sería trasladado a un pabellón de castigo luego de su testimonio.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica afirmaron que “esta situación, en un contexto de encierro, resulta una intimidación clara para los testigos que aún permanecen bajo la custodia del SPB”.
“Atemorizado, el testigo dio cuenta de que personal jerárquico de los penales del SPB tiene conocimiento del desarrollo de este juicio donde otros penitenciarios, actualmente en actividad, están siendo juzgados. Aun así, declaró todo lo que recordaba del hecho: ‘Lo que les pasó a ellos me puede pasar a mí’, sostuvo”, agregaron los organismos a través de un comunicado.
Tanto el Ministerio Público Fiscal, como las organizaciones de derechos humanos que representan a las familias de varias de las víctimas, advirtieron la importancia de investigar y tomar con seriedad lo testimoniado por el testigo. En ese sentido, el tribunal dispuso el inicio de actuaciones judiciales para investigar el hecho.
“Desde el CELS, la CPM y el CIAJ expresamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física de testigos que 12 años después brindan su testimonio para aportar luz a lo que ocurrió en la Masacre de Magdalena. El SPB reaccionó de forma corporativa ante el inicio del proceso penal contra otros funcionarios que aún continúan en servicio a pesar de estar imputados en este juicio. Estas acciones buscan preservar el silencio e impunidad dentro de la institución carcelaria bonaerense”, expresaron los organismos.
