La ley 7990 del gobierno tucumano, habilita la venta del ex CCD Jefatura Central de Policía de Tucumán como parte de las políticas de borramiento sistemático de las marcas físicas del genocidio
(Red Eco) Tucumán- El gobierno de Tucumán, encabezado por José Alperovich, acaba de publicar en el Boletín Oficial el texto de la ley 7900, aprobada por el oficialismo parlamentatio el 21 de diciembre pasado. Por esta norma el ejecutivo queda habilitado para vender una serie de edificios históricos, entre los que se encuentra la actual Secretaría de Educación. Allí funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) Jefatura Central de Policía a partir de 1975, durante el nefasto "Operativo Independencia" instaurado en Tucumán durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón.
El Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (CIGET * ) dio a conocer esta información. "Una buena parte de los CCD que funcionaron en Tucumán tuvieron la característica de emplazarse en dependencias del Ministerio de Educación y en ingenios cerrados y en funcionamiento. Así, se puede mencionar, entre otras, la Escuelita de Famaillá, la escuela Lavalle, también en Famaillá, y el Centro de Educación Física dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre los ingenios figuran Nueva Baviera, Fronterita, Santa Lucia, y Lules, lo que demuestra la complicidad del empresariado y la oligarquía económica con el genocidio que se estaba realizando en nuestro país", afirman.
Según el CIGET existen antecedentes que marcan esta política de borramiento sistemático de las marcas físicas que dejó el terrorismo de Estado.
"El primer CCD de la Argentina, la Escuelita de Famaillá, fue restaurada e inaugurada en 1977 por el genocida Domingo Bussi, como si nada hubiera pasado allí, y actualmente continúa funcionando como escuela. El caso de la Escuela Lavalle es peor aún, ya que nunca dejo de funcionar como escuela mientras las aulas colindantes eran utilizadas como celdas y depósitos de cadáveres", comentan.
Agregan a este listado lo sucedido con Nueva Baviera, un viejo ingenio cerrado durante la dictadura de Ongania (1966), que fue utilizado por las Fuerzas Armadas como base militar y centro de exterminio desde el Operativo Independencia hasta el año 1977. Este lugar fue derribado por topadoras durante un gobierno constitucional el cual "trajo a familias de las villas miserias de los alrededores de la ciudad; obligándolas a vivir sobre las ruinas de las huellas físicas del Horror, que aun hoy permanecen visibles".
El actual presidente del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzman, y ex Secretario de Cultura en la última gobernación del genocida Bussi afirma en una entrevista al diario La Gaceta del 13/01/2008 que la actual Secretaría de Educación (Ex CCD Jefatura Central de Policía) "tiene una historia, pero ¿qué queda de ella?".
El CIGET sale al cruce de estas declaraciones: "Pretender borrar, física y simbólicamente, las huellas de lo que fue el terrorismo de estado no solamente es una violación a los derechos humanos, al derecho a la memoria y a la historia de los pueblos, sino que también abre la puerta y enseña el camino para que la historia se repita, porque un pueblo que olvida es fácilmente presa de los chacales de turno que, como hace 33 años, no ponen reparos en ejercer el más profundo e inhumano terror en beneficio de sus sucios y obscuros intereses económicos y políticos de clase que, por supuesto, nunca son los del pueblo que dicen representar".
Fuente: Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (CIGET)
(* ) El CIGET es un equipo independiente de trabajo interdisciplinario que realiza una investigación en la localidad de Famaillá sobre las características y consecuencias que tuvo el genocidio que se desarrollo durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar. Contactos: Pedro Benedit 011- 1566472207, Margarita Cruz 011- 1554038823, proyectotucuman@yahoo.com.ar



