El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de La Plata postergó para el próximo viernes la resolución sobre el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria para el represor Miguel Etchecolatz. Por la mañana, se realizó una movilización de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la represión de la última dictadura y otros manifestantes rechazando la posibilidad de que se efectivice esa decisión. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Buenos Aires- Si bien el Tribunal debía resolver la cuestión hoy,  los jueces subrogantes que faltan para completar su integración no fueron designados a tiempo y la resolución debió postergarse hasta el próximo viernes.

A pesar que dos dictámenes del cuerpo forense señalaron que Etchecolatz puede continuar detenido ya que sus problemas de salud puede ser atendidos en el hospital penitenciario de Ezeiza, el TOF 1  de La Plata, con votos de los jueces subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle, le otorgó el beneficio la prisión domiciliaria en el mes julio pasado. Sin embargo la medida no se efectivizó por estar a disposición de otros magistrados.

Irónicamente, la perito Virginia Kreimer, que evaluó al represor, fue denunciada por éste por el delito de “torturas” en razón de haber hecho el peritaje ordenado por la justicia.

Durante esta mañana y en los días previos integrantes de diversas organizaciones manifestaron su rechazo a esta posible definición argumentando que las prisiones domiciliarias representan  nuevas modalidades de la impunidad ante quienes fueron condenados por crímenes de Lesa Humanidad. En este sentido Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), aseguró que: “A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López liberar al principal sospechado por su desaparición es una provocación y el reclamo unitario que hoy le dejó eso en claro al poder judicial”.

En el mismo sentido Adolfo Pérez Esquivel señaló que Etchecolatz: “es responsable de la desaparición de Jorge Julio López” y que “estos criminales deben cumplir la condena en prisión, donde deben ser tratados humanamente como no lo hicieron ellos con nosotros”.

Marta Vedio, de la APDH de La Plata, remarcó que “Etchecolatz no tiene ninguna enfermedad que le impida su permanencia en una cárcel, tiene tres cadenas perpetuas y otras tantas condenas menores por delitos de lesa humanidad, no pedimos venganza sino justicia”.

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora señaló que “nunca pedimos venganza, pero decimos no a la reconciliación con los genocidas y sus cómplices”.

Mediante un comunicado La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgaron prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad.

En dicho comunicado la CPM indicó que “Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos”.

Una muestra clara de estas violaciones al beneficio de prisión domiciliaria se dio esta semana  cuando Luis Tomás Trillo, condenado por el accionar de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) fue fotografiado paseando a su perro en Liniers.

Trillo fue el máximo responsable de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el año 1978, y está siendo judicializado por el secuestro y desaparición de José Manuel Rojo y Patricia Roisinblit.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunció por un comunicado que estaba incumpliendo su prisión domiciliaria después de que se dieran a conocer las fotografías y solicitó al Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 de San Martín que se revoque el beneficio por incumplir los límites impuestos.

Además, explicaron que el artículo 34 de la ley 24.660 establece claramente que los jueces deben revocar la detención domiciliaria cuando el detenido “quebrante injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado”, lo que habría ocurrido en este caso.

Finalmente, en su comunicado, la CPM detalló la situación actual de los procesos abiertos: “Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos”.

Y finalizaron: “Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro hemos corroborado que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo”.