El mes de junio se inauguró con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de dos proyectos de ley de claro contenido antipopular. 
El primero de ellos introduce la figura del “agente encubierto” (el infiltrado), el “revelador” (provocador) y el “informante” (el buche, bah). Espionaje e información paga para construir pruebas cuando convenga. El segundo amplía el procedimiento ultra rápido para los casos considerados de flagrancia, que ahora se podrá aplicar a cualquier delito doloso con penas de hasta 20 años, es decir, 4/5 partes del código penal.

Así, con la máscara de “agilizar” la justicia, desaparece la instrucción de las causas para ser un mero trámite hacia la condena.
En esta ocasión, la tarea de “proteger al ciudadano” que se propone la legalización del agente encubierto en sus dos variantes blanquea la infiltración y la fabricación de evidencias útiles para atacar cualquier organización que sea clasificada por el aparato represivo como delictivas.
Esto recuerda las nefastas declaraciones de Aníbal Fernández década atrás, cuando señalaba que estas formas de investigación permitieron impedir una revuelta social. En ese caso, Fernández se refería a la represión en Puente Pueyrredón en 2002, que culminó con el asesinato de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Además, como ya sabemos, las fuerzas de seguridad son garantes del delito organizado, por lo que la figura del agente encubierto/revelador servirá para legitimar la criminalidad policial.
Estas medidas, junto a la Declaración de la Emergencia Nacional en Seguridad y el Protocolo Antipiquetes, son un aporte más del gobierno al conjunto de políticas represivas para tratar de blindar el ajuste.
Fuente: Correpi