El dato surge del IV informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos en lugares de encierro que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación, y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires presentaron esta semana. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – “La ausencia de este tema en la agenda política es un olvido intencionado”, manifestó en el marco de la presentación de este nuevo informe Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al referirse a la necesidad de seguir denunciando la tortura.
De la presentación pública también participaron el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui, y estuvo a cargo de la coordinación Natalia Rocchetti, integrante del equipo de producción y análisis de la Información del Comité contra la Tortura–CPM. También asistieron organizaciones y familiares víctimas de la violencia policial, como FAVISIC, ACIFaD, Cooperativa Esperanza, Asociación Camino al Siglo XXII, Familiares de la Masacre de Quilmes, Familiares y Amigos de Florencia “la China” Cuellar, COVIC.
Durante su intervención, Francisco Mugnolo afirmó: “cuando empezamos con este informe, los organismos del Estado negaban la existencia de las torturas en las cárceles. Hace 5 años que hacemos este relevamiento y lo ponemos a disposición de la sociedad porque los relatos de las víctimas vuelven a poner en agenda el problema de las violaciones a los derechos humanos”.
En el mismo sentido, Alcira Daroqui destacó que este trabajo considera la tortura en un sentido amplio, teniendo en cuenta las múltiples condiciones en que se vulneran los derechos de las personas detenidas atentando contra su integridad y desconociendo las normativas nacionales e internacionales.
Noemí Santana de la Cooperativa Esperanza habló en representación de los familiares: “aunque no esté legitimada, la pena de muerte existe en las cárceles y el gatillo fácil”, afirmó.
El Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos (RNCT) se creó 2010 y es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica este tipo de información. Este año, el trabajo de campo se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, 4 alcaidías penitenciarias y 3 unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito federal se relevaron 8 unidades penales del Servicio Penitenciario, 4 comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También, otras 15 unidades federales y alcaldías judiciales, unidades de servicios penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
En este Cuarto Informe Anual quedó en evidencia el agravamiento de las condiciones de detención, ya que la muestra constató la existencia de 2074 víctimas y 6843 casos de torturas y/o malos tratos en sólo un año; esto significa que se produjeron más de 3 hechos de tortura por víctima.
Casi el 70% de las 2074 víctimas son hombres y tienen menos de 34 años. La práctica violenta registrada con mayor frecuencia es la agresión física (1178 casos); siguen el aislamiento (1163), las malas condiciones materiales de detención (1121), la falta o deficiente alimentación (970), la falta de asistencia a la salud (898) y las amenazas (480).
Cabe recordar que en 2014 se habían constatado 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos, un promedio de más de 4 hechos de torturas por víctima.
El acto de presentación pública del informe finalizó con las palabras de la madre de un joven detenido, que describió a la Justicia como “una gran telaraña que atrapa a los más pobres y a los débiles”, y agregó: “la falta de atención médica, el desprecio por los familiares, las torturas, el constante traslado, la falta de alimentación, la violencia, la desidia y el maltrato son una doble pena, un castigo extra que deben sufrir los detenidos que es ilegal y que constituye una grave violación a los Derechos Humanos (…). La mayoría que está presa no tuvo afuera ningún derecho. Lo que necesitan para la reinserción es justamente contar con más derechos”.

Provincia de Buenos Aires
En abril de 2014, el ahora ex gobernador Daniel Scioli decretó la emergencia de seguridad en ese distrito. A partir de esta determinación, la Comisión Provincial por la Memoria presentó informes a los 3 poderes del estado provincial y a organismos internacionales, advirtiendo sobre el agravamiento de las condiciones de encierro y el aumento de la violencia policial que representaba esta medida. También le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por el estado de hacinamiento y superpoblación en que se encontraban las comisarías bonaerenses.
Tras varias idas y vueltas, finalmente la Corte Suprema provincial publicó una resolución judicial en la que reconoce el colapso del sistema penal. La presentación puso el eje en cupos y cantidad de alojados, porcentajes de procesados y condenados, sobrepoblación y Habeas Corpus efectuados por las condiciones materiales, tanto en comisarías como unidades penitenciarias.
Por ejemplo, la cantidad de detenidos en comisarías en diciembre de 2012 era de 931, mientras que en 2014 ascendía a 2170. En abril de 2015, el Ministerio de Seguridad informó que sobre 1060 camas habilitadas había 2175 personas alojadas, o sea una sobrepoblación de un 105%.
El mayor porcentaje de detenciones se registraron en los departamentos judiciales del área metropolitana con el 64%; comprendiendo La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín. El 36% restante lo suman otros 12 departamentos entre los que La Plata y Mercedes concentran el 50% de ese porcentaje.
La Corte advirtió que la situación es aún más grave en el caso de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, ya que entre la cantidad de detenidos en 2013 y 2014 se registra un aumento del 20%.
La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reunió en el mediodía de este jueves 17 de diciembre al Consejo Nacional de Seguridad, que integran los representantes de las provincias en esta área. La principal medida anunciada tras el encuentro fue la declaración de la emergencia en seguridad a nivel nacional. Si nos guiamos por las consecuencias de este mismo anuncio tuvo en la Provincia de Buenos Aires, resulta difícil creer que las cifras presentadas por el informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos vayan a descender en el próximo año.
Fuentes: Comisión Provincial por la Memoria / Procuración Penitenciaria de la Nación / Agencia Andar – Imagen: Comisión Provincial por la Memoria