Pasan los años y las gestiones a nivel nacional y provincial, pero las condiciones de encierro en comisarías y penales de todo el país continúan siendo pésimas. La cantidad de muertes violentas que se registran en el servicio penitenciario y los obstáculos que existen para que, por ejemplo, los detenidos puedan estudiar una carrera universitaria son solo algunos de los síntomas de este escenario. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina – La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó hace pocos días los resultados del Informe Estadístico sobre Muertes en Prisión de Setiembre de 2015, realizado por su Observatorio de Cárceles Federales, que relevó los casos ocurridos entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de septiembre de este año.
En los datos de estos 6 años, se destaca la persistencia de la muerte en prisión en niveles elevados, con especial consolidación desde el año 2012. Remarcan además la cantidad de fallecimientos violentos registrados desde 2011. En cuanto a las cifras de 2015, las muertes traumáticas se han concentrado principalmente en los complejos penitenciarios para varones adultos del área metropolitana, como el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, el CPF I de Ezeiza y el CPF II de Marcos Paz.
Aunque no se encuentra dentro de la competencia del Servicio Penitenciario Federal, el informe evidencia una nueva muerte violenta en contexto de incendio en un instituto de menores que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El estudio se refiere además a los avances más significativos en actuaciones judiciales donde se investigan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia: “De ellas, resulta especialmente significativa la elevación a juicio de la causa donde se investiga el incendio de la ex Unidad Nº 20 –establecimiento psiquiátrico para varones- donde dos detenidos perdieron la vida. Cuatro funcionarios penitenciarios, entre ellos el ex Director de la Unidad Nº 20 SPF, han sido imputados por el delito de homicidio culposo ante su accionar negligente. Radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Capital Federal, las partes han ofrecido la prueba en los términos del artículo 354 CPPN. Se aguarda una pronta fijación de fecha de debate en la causa que tiene como querellantes a la Procuración Penitenciaria, y a la Defensoría General de la Nación en representación de las familias de las víctimas”.
En tanto, desde la Coordinadora Anticarcelaria describieron la situación actual en la que viven las personas privadas de su libertad en el penal de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, como cruel, inhumana y degradante.
Hace algunas semanas, Rubén Aguirre estaba jugando a la pelota en el patio del penal cuando sufrió un ataque al corazón. Los agentes penitenciarios lo llevaron hasta la Enfermería del lugar, donde quedó alojado sin ser derivado a un hospital. Aguirre murió en la misma sala de Enfermería del penal de Cruz del Eje esperando la atención necesaria.
En ese el mismo penal, pero en los calabozos del pabellón E2 hay detenidos que permanecen allí durante varios meses. El 27 de octubre pasado, dos personas que estaban encerradas en estos buzones decidieron quitarse la vida. Uno de ellos sobrevivió, pero el otro murió.
“Es evidente que ante las condiciones de tortura, imposibilidad de reclamo alguno por sus derechos, por ejemplo, se les rompan los escritos que hacen dirigidos al juzgado de ejecución, en su cara, los teléfonos del juzgado de ejecución y asesoría letrada nunca atienden, el único asesor letrado no los visita, etc. En cada una de estas acciones su vida es aniquilada conduciendo a algunos a elegir la muerte para terminar con este infierno. Al mismo tiempo, podemos hablar de personas que desde hace más de 7 años que se encuentran en el pabellón de máxima seguridad sin poder salir de su celda, donde están completamente solos. Es peor que la condena a muerte, es la muerte por goteo, un poco todos los días. Este pabellón es el aislamiento dentro del aislamiento”, señalaron desde la Coordinadora a través de un comunicado.
Derecho a estudiar
El sitio Momarandu.com, de la provincia de Corrientes, realizó un informe en el que retoma datos elaborados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que indican que a diciembre de 2014 había en Argentina 69.060 personas detenidas, de las que casi 2800 no tienen ninguna educación. Cabe remarcar que estas cifras no incluyen a detenidos alojados en comisarías y alcaidías provinciales.
El SNEEP destaca que del total de internos bajo el Sistema Penitenciario Nacional, solo el 48% tiene condena, mientras que otro 51% solo está procesado. En su mayoría, 39%, los detenidos tienen una edad que oscila entre los 25 y 34 años. El 44% se encontraba, al momento de ingresar a la cárcel, desocupada. El 39% cuenta con primaria completa y el 31% incompleta. El 17% tiene secundario incompleto y sólo el 7% completo. Un 2% se divide entre los que tienen estudios universitarios o terciarios completos y los que no; mientras que el 4% de la población no tiene ningún estudio, es decir, casi 2800 personas.
Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que de los 132 egresados que tenía un programa de educación en cárceles en 2013, el 84 % “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”. Es decir que, “8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados”. Sin embargo, según cifras del SNEEP, el 51% de los presos de todo el país no participa de ningún programa educativo dentro de las cárceles.
Fuentes: Agencia para la Libertad / Momarandu / Procuración Penitenciaria de la Nación.
