Claudio Pelayo afirmó que durante el juicio se expusieron elementos probatorios para condenar a los 10 policías imputados por las muertes de los adolescentes Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa durante el incendio en la Comisaría 1° de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, ocurrido en octubre de 2004.
Los efectivos Jorge Gómez, Humberto Ávila, Juan Pedro Soria, Elizabeth Grosso, Basilio Vujovich, Gustavo Altamirano y Franco Góngora, Hugo D’Elía y Fernando Pedreira están acusados de los delitos de apremios ilegales, tormentos y –en el caso del comisario Soria– estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos.
El 25 de octubre de 2004, cuando sucedió el incendio en la Comisaría 1° de Quilmes, había 12.000 chicos alojados en institutos de menores y más de 300 menores detenidos en comisarías, por falta de otros espacios para alojarlos. Estas condiciones conformaban el contexto de posibilidad que permitió que estas muertes sucedan.
Previo a la audiencia de alegatos, se llevó adelante una movilización organizada por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Quilmes. Cerca de 200 personas, con la adhesión de más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharon hasta las puertas del TOC 3 para reclamar justicia por los jóvenes muertos.
“Esta movilización empezó cuando Soria declaró que los chicos se habían golpeados solos; sin embargo, hay una verdad que ya está instalada: la que declararon los sobrevivientes. Creo que las familias se sienten aliviadas porque su verdad se hizo pública: lo peor de la violencia es la impunidad e indiferencia que la justicia legitima. Es un reclamo no sólo de las familias sino de toda la sociedad”, afirmó en este marco Tobías Corro, organizador de la convocatoria e integrante del grupo de familiares y amigos de la víctima de la masacre de Quilmes.
Desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires manifestaron que la masacre de Quilmes en particular “se erigió como caso testigo de una época: evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías. En abril de 2005, un fallo de la Justicia puso límites a la permanencia de detenidos en comisarías. Sin embargo, 10 años después, la emergencia de seguridad dictada por el gobierno provincial legitimó una situación que en realidad nunca había cesado (…). La insólita decisión política sigue vigente y sólo empeora drásticamente las condiciones de encierro, desoye las recomendaciones de los tribunales internacionales y viola los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional”.
Fuente: Agencia Andar
