Las penas solicitadas por la fiscalía y las querellas fueron de entre 30 y 35 años. El lunes será el turno de la defensa y se espera la sentencia para fines de la semana que viene (por triplecrimen.org).
La sala de Audiencias número uno de los Tribunales contrasta en clima con el calor del centro. Pasadas las 9 de la mañana todas las partes habían ingresado al recinto. Después de que el juez que preside el tribunal, Gustavo Salvador, pidiera la lectura de los antecedentes penales de los acusados, y concluida la producción de prueba, se dio inicio a los alegatos de clausura, correspondientes a la fiscalía y a los abogados pertenecientes a la querella.
Todos los alegatos se desarrollaron en el sentido de demostrar lo que habían afirmado, oportunamente, en los de apertura y que fueron probando desde el 12 de noviembre con los 70 testigos que brindaron sus testimonios durante estos 16 días. En ese sentido, se apuntó a la vinculación del triple crimen perpetrado contra Jere, Mono y Patóm como venganza de la balacera que recibió minutos antes Maximiliano Quemadito Rodríguez, hijo de Sergio Quemado Rodríguez, uno de los acusados; y al accionar de la banda como una agrupación organizada con movilidad y recursos económicos propios, armas de alta gama a disposición, complicidad policial y coartadas de huida e impunidad garantizadas.
La fiscal Nora Marull se abocó a desarrollar en forma exhaustiva los diferentes puntos en los que sostuvo la vinculación de los hechos anteriores que desembocaron en la trágica noche del 1 de enero de 2012, en la que fueron asesinados los militantes del Frente Popular Darío Santillán Jeremías Jere Trasante, Adrián Patóm Rodríguez y Claudio Mono Suárez. Como soporte, utilizó numerosos recursos: desde gigantografías que detallan la sucesión de hechos, la proyección de videos tomados por la cámara de seguridad del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA), al que llegó herido el Quemadito, la desgrabación de las escuchas telefónicas de los móviles de los acusados, el análisis de las armas utilizadas aquella noche.
Además de los testigos que los identificaron en el lugar, la fiscal sostiene la pertenencia a una banda vinculada con el narcotráfico por la conducta posterior al triple crimen (huida de todos los implicados hacia otros lugares, descarte de pruebas), la complicidad policial (relacionado con la causa que se lleva adelante a los policías Martín, Carrillo y Centurión), la testimonial de Mauricio Maurico Palavecino (señalado como conductor de la Kangoo que llegó a la canchita de Oroño esa noche), realizado en sede judicial al momento de entregarse, en el que acusa directamente a Daniel Teletubi Delgado, Brian Pescadito Sprío y al Quemado Rodríguez de haber cometido el crimen.
Finalmente, se dedicó a puntualizar la estrategia de los abogados defensores –a lo que se sumó luego la querella–, quienes no aportaron pruebas propias sino que se dedicaron a desdecir o a intentar anular toda prueba presentada por la defensa.
Llegado el tiempo de solicitar las condenas, y después de afirmar que las jornadas durante el juicio habían resultado arduas, sobre todo para los familiares de las víctimas, quienes debieron enfrentarse cada día con las caras de los asesinos de sus hijos, sus compañeros, sus amigos, el pedido fue de 30 años para Rodríguez , Sprío y Delgado como coautores de los “tres homicidios, doblemente agravados por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad en concurso real a su vez con el delito de portación ilegítima de armas de fuego consideradas de guerra”, y 26 años para Palavecino como partícipe necesario. Sin embargo, cerró Marul mirando a los acusados: “Ya tienen las condenas de sus conciencias, la única que no admite salidas transitorias”.
Fue el turno de Federico Garat, quien junto con la abogada Jéssica Venturi representan a las familias Trasante y Suárez. Garat recordó en principio la referencia que realizó el abogado defensor, Carlos Varela, en su alegato de apertura, cuando se refirió a la causa judicial como “Un circo romano en el que las gradas están colmadas”. Para enmarcar la causa dentro de una disputa territorial vinculada al narcotráfico, como se viene sosteniendo desde los días posteriores al triple crimen, aclaró que “los acusados actuaron por venganza, en forma coordinada e inmediata, mientras que del otro lado, quienes caían bajo sus balas eran miembros de una organización social en el que el motor principal es la solidaridad hacia los otros”.
Garat abrió una pregunta para demostrar la vinculación entre la balacera recibida por el Quemadito Rodríguez y la búsqueda de venganza en barrio Moreno, además de la poca inocencia en el accionar de sus supuestos amigos: “¿Por qué un padre que tiene a su hijo internado en grave estado no vuelve a verlo? ¿Por qué sus amigos íntimos que lo trasladan al hospital, tan interesados al principio, tampoco vuelven a verlo?”. “El sentido común dice que los amigos íntimos se quedan velando por su salud… sus ausencias obedecieron a la clara vinculación con los hechos”, cerró contundente.
Pasado el mediodía, Jésica Venturi se refirió a que “después de transitar este juicio estamos convencidos de que podemos demostrar cada uno de los hechos: cuándo llegaron, cómo llegaron cómo se desplazaron y cómo se fueron los acusados”.
Entre sus dichos, apuntó (como lo hicieron desde un principio desde el M-26 – Frente Popular Darío Santillán, la organización en la que militaban los tres chicos asesinados) a recordar la inocencia y la indefensión de las víctimas: “Si repasamos cuáles eran sus sueños esa noche, que estaban en un lugar abierto, relajados, solos, y obviamente desarmados, vemos que a ellos no los fueron a buscar: a ellos los encontraron y los fusilaron”.
Al momento del pedido de condena (que en el caso de la querella fue de 35 años para los cuatro acusados), solicitó a los jueces “un fallo con profundo sentido de justicia por el caudal probatorio existente”, además de que “consideren las características del hecho, el modus operandi, el desprecio por la vida, y que tengan en cuenta la indefensión de las víctimas y el constante menosprecio por la justicia en todo el proceso posterior al hecho y judicial”.
El último en ofrecer su alegato fue Norberto Olivares, representante de la familia de Adrián Patóm Rodríguez. Su apertura se refirió a un concepto que trajo el testigo Pedro Pitu salinas en su declaración: que en Rosario se hallan en pugna dos proyectos antagónicos en las barriadas populares: el crecimiento del narcotráfico contra las organizaciones sociales.
Beto Olivares se refirió a la preocupante “Universalización del narcotráfico como modelo de producción” y para ilustrarlo detalló cinco puntos en los que se puede dar cuenta del proceso: el dinero como poder de compra (de silencio, de proceso, de elección de cárcel); la omnipotencia de las armas y su exhibición desmedida como proceso identitario; la espiralidad sanguinaria y el terror (para acallar oponentes y testigos); el desprecio o ataque a la cultura relacionada con la solidaridad y la emergencia de nueva jerga que produce modificación en el lenguaje (búnker, soldaditos, kiosco).
En cada alegato, una frase tomada de una escucha telefónica había sido mencionada. Para dar cuenta de la impunidad, del sentido de pertenencia a una forma de vivir, para contar un poco más de quienes hoy están sentados entre los acusados: “Yo soy choro, mato y tráfico”, decía Mauricio Palavecino en uno de esos audios.
Y Beto Olivares también la tomó. La trajo otra vez a la sala de audiencias para contrastarlas con otras luchas, con otros sentires, otras formas de organizarse o ver la vida. Unos versos del poeta Miguel Hernández, del poema “Para la libertad”, que afirma: “Yo lucho, yo sangro, y pervivo”.
Crónica: Nadia Fink
Fotografías: Juan Ignacio Porta
